Por Carlos Beas Torres
Para mi abuelo José Torres, ferrocarrilero, que como buen mexicano atendió el llamado de Lázaro Cárdenas y llevo a la Alameda Central de la ciudad de México su aportación para consumar la Expropiación Petrolera. Pocos años después murió de tifo.
Presentación:
El Istmo Mexicano es un territorio ubicado en el sureste de México el cual ha sido habitado desde tiempos inmemoriales por diferentes pueblos indígenas. En diversas épocas esta estratégica y rica región ha sido escenario de disputas y graves conflictos entre los pueblos originarios y grupos de poder que han buscado apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales.
Durante el Porfiriato se impuso un megaproyecto de infraestructura y se despojó de cientos de miles de hectáreas a los pueblos de la región, mismas que fueron cedidas a empresas norteamericanas e inglesas. Pocos años después estas tierras fueron recuperadas al calor de la Revolución. A partir de los años sesentas del siglo pasado se instrumentó un nuevo megaproyecto, y en el Istmo y su entorno se crearon dos refinerías, y se construyeron grandes represas trayendo como consecuencia funesta que miles de indígenas fueran lanzados de sus tierras, relocalizados usando la jerga tecnócrata de los empleados del World Bank.
Bajo el gobierno salinista, hacia 1994 arranca una nueva oleada invasora en el Istmo Mexicano. El cambio climático y sus perturbadores efectos potencian la búsqueda de generación de energía a través de fuentes alternas. Grandes empresas trasnacionales ven en ello un gran negocio e impulsan megaproyectos “amigables con el medio ambiente”. Nace así el Megaproyecto Eólico del Istmo y en sus tierras se entroniza el llamado Capitalismo Verde.
LA NUEVA INVASION.
En apenas nueve años el paisaje istmeño se modificó profundamente. Miles de hectáreas de los antiguos bienes comunales del pueblo binniza de Juchitán y de algunos ejidos de la región como La Venta, La Ventosa, la Mata e Ingenio Santo Domingo han sido ocupadas por más de 1.300 aerogeneradores construidos principalmente por empresas europeas como Vestas, Iberdrola y Acciona para proveer de energía barata a corporaciones como Femsa, Cemex, Bimbo, Wall Mart entre otras.
Se estima que hasta ahora unas 14,000 hectáreas de tierras indígenas han sido despojadas a sus dueños mediante aviesos contratos de arrendamiento, contratos ilegales que no soportarían el más mínimo escrutinio de la ley. Instrumentos que les brindan a las empresas trasnacionales el usufructo por 30 años y todo tipo de facilidades a costa de los más elementales derechos de los dueños de la tierra.
La violación de la ley ha sido la constante en este proceso. Cuando por disposición constitucional era potestad de la Nación el generar electricidad, las empresas eólicas extranjeras pudieron generar electricidad bajo el pretexto del autoabasto fundadas en una ley secundaria a todas luces anticonstitucional. En el Istmo de Tehuantepec en salvo dos parques en el resto los permisos que extendió la Comisión Reguladora de Energía tienen como fin el autoabasto, aunque los excedentes que no son pocos los venden a la Comisión Federal de Electricidad, misma que los adquiere a precios elevados. Este negocio redondo de funcionarios y empresarios nos ayudaría a entender en parte una de las causas del quebranto que sufre esta empresa gubernamental.
Cuando el Convenio 169 de la OIT obliga al estado mexicano a consultar a las comunidades indígenas sobre proyectos que les impacten, en el Istmo de Tehuantepec se han construido hasta ahora 15 parques eólicos sin el más mínimo ejercicio de consulta. El Banco Mundial dice haber enviado a un consultor cuando se construía el Parque La Venta II, hecho que nadie recuerda, pero lo que si recuerdan los ejidatarios es que el Comisariado que se oponía a ceder las tierras fue encarcelado acusado falsamente de dos homicidios. En estos momentos como lo ha venido denunciando la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, la Secretaria de Energía instrumenta una simulación de consulta con el fin más de guardar las formas que de acatar una disposición legal y respetar un derecho de los pueblos originarios.
En el caso de las tierras comunales de Juchitán los notarios, magistrados y funcionarios han hecho todo tipo de maniobras para legalizar el despojo y para ello han formalizado y validado contratos de arrendamiento donde han hecho pasar tierras comunales como si fueran propiedad privada. Ante la inexistencia de órganos de representación y de la Asamblea, miles de hectáreas comunales han sido privatizadas de manera ilegal.
El gigantesco programa de generación de energía eléctrica que se ha venido imponiendo en el Istmo mexicano a través del aprovechamiento de sus fuertes vientos, ha tenido dos coartadas, una: las tierras de la región son improductivas y la otra que “era necesario producir electricidad sin contaminar”. Ambas justificaciones son falsas.
Ya en su momento denunciamos que la construcción del Parque Eurus en el Ejido La Venta había destruido un campo de riego que producía al año más de 10,000 toneladas de alimentos. Por su parte los vecinos de La Ventosa y La Venta han denunciado la gran mortandad de aves y el molesto zumbido que provoca el constante movimiento de las aspas, mientras tanto algunos pescadores de Unión Hidalgo han reportado manchones de aceite en aguas de las lagunas huaves.
LAS RESISTENCIAS COMUNITARIAS
Algunas organizaciones y pueblos de la región, entre ellas la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) venían alertando desde el año 1997 sobre el riesgo de una nueva invasión; en el año 2001 en un encuentro ocurrido en La Ventosa, Oaxaca, con la Comandancia del EZLN se vislumbro que la imposición del llamado Plan Puebla-Panamá representaba una grave amenaza para los territorios y los derechos indígenas de los pueblos de Mesoamérica.
A partir del año 2003 decenas de operadores de bienes raíces al servicio de las grandes empresas recorren día y noche las diferentes comunidades tratando de “apartar y contratar” tierras. La falta de información facilitó entre otras razones que decenas de campesinos indígenas suscribieran contratos leoninos, donde se les ocultaba información y se les hacían diversas promesas.
El Grupo Solidario La Venta fue la primera organización que levanto la voz en contra del despojo y encabezó la defensa de las tierras del ejido frente al proyecto La Venta II impulsado por la Comisión Federal de Electricidad y la trasnacional española Iberdrola. Esta resistencia no logró frenar la construcción del mencionado parque, pero a pesar de la persecución y criminalización que sufrieron los opositores estos lograron que más de 500 hectáreas ejidales no fueran contratadas.
Tiempo después el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y algunos maestros juchitecos que integraban el Colectivo 14 de Junio, acompañan acciones legales que buscan anular contratos leoninos que habían suscrito con engaños campesinos de Juchitán y Unión Hidalgo, logrando con esta intervención la nulidad de numerosos contratos y con ello rescatar tierras que ya habían sido arrendadas.
La construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa en terrenos comunales de San Dionisio del Mar al poner el peligro la fuente de sustento de unas 5,000 familias de pescadores, provoco una intensa movilización de los pueblos ribereños, los cuales acompañados de diferentes organizaciones y colectivos nacionales e internacionales y desplegando una estrategia múltiple, logró después de un largo año de lucha la cancelación del megaproyecto que impulsaba el holding Mareña Renovable. Este ha sido sin lugar a dudas el triunfo más importante que ha tenido la resistencia istmeña que enfrenta este gigantesco megaproyecto.
Los campesinos y pescadores juchitecos que han enfrentado al parque Bii Hioxo no han corrido con la misma suerte; perseguidos y constantemente agredidos, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco no contaron con el apoyo unificado de los demás pueblos y organizaciones y este parque se encuentra ahora en un avanzado estado de conclusión.
El desarrollo del Megaproyecto Eólico del Istmo nos muestra que a pesar de las luchas y diferentes acciones, el movimiento social que defiende las tierras y los derechos indígenas ha fracasado en buena medida y para ello han contribuido varios factores entre los que se encuentran: el sectarismo de algunos colectivos; la traición de los partidos de izquierda, la pobreza de los campesinos y su falta de información y organización y por supuesto la campaña constante de hostigamiento, denostación y criminalización en contra de campesinos, pescadores y activistas por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal.
HACER LEGAL EL DESPOJO
La contrarreforma energética tiene como objetivo central el abrir el sector de energía a la inversión privada, y con ello sólo se formaliza el despojo que en el Istmo se ha enseñoreado en los últimos años. Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica que ya se cocinan y que seguramente se modificaran los próximos días para permitir a las empresas trasnacionales el generar energía eléctrica y realizar trabajos de explotación petrolera auguran una nueva etapa de invasiones, despojos y de violencia para los pueblos originarios de México.
Con tal de privatizar los recursos comunes, seguramente la mayoría legislativa al servicio de las trasnacionales votara por considerar la actividad de estas empresas como de interés social y orden público y con ello facilitar el saqueo de los pueblos originarios y la completa desnacionalización del sector energético.
El presente para nuestros pueblos es harto difícil y el futuro se presenta aciago. A lo largo y ancho del país nuestras comunidades enfrentan los proyectos de muerte que impulsan poderosas empresas mineras, eléctricas, de la construcción y otras incluyendo a PEMEX. Ante la tenaz resistencia, la defensa de los territorios comunitarios es abiertamente reprimida. Defensores de las comunidades como Mariano Abarca de Chiapas o Bernardo Vázquez de Oaxaca han sido brutalmente asesinados; muchos más como Marco Antonio Suástegui del estado de Guerrero y los poblanos Juan Carlos Flores o Enedina Rosas Vélez se encuentran encarcelados acusados de delitos que no cometieron.
El grupo gobernante prepara un gran atraco a la Nación; las mal llamadas reformas que impulsa son una abierta regresión, significan despojo, pérdida de derechos y de Soberanía Nacional. Como banda del crimen organizado desde la oscuridad han decidido que México es su plaza, su gran negocio y con tal de hacer realidad sus delirios de riqueza y poder son capaces de cualquier cosa. Salinas de Gortari, Beltrones y Gamboa Patrón son los capos de este grupo delictivo que, en venta de garaje, buscan vender al mejor postor el patrimonio nacional y amenazan la existencia misma de nuestros pueblos. Ante ello sólo nos resta seguir luchando, construir resistencias más colectivas e invocar la protección, el apoyo y el consuelo de la Virgen de Guadalupe. Qué más nos queda…
Rincón Viejo Petapa, Oaxaca
Primeros días de Julio del 2014
*Es co-fundador y actual director de UCIZONI [Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo]. En sus 15 años de trabajo, UCIZONI ha defendido los derechos humanos, la tenencia de la tierra asegurada, fortalecido la agricultura y la silvicultura sostenible, la autonomía económica y social de las mujeres apoyadas y promovidas las diversas culturas indígenas del Istmo de Tehuantepec, una región en el sur del estado de México de Oaxaca.
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