La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este lunes el «crecimiento alarmante» del número de niños desaparecidos en México, así como de aquellos que son reclutados por criminales, mutilados o asesinados, en momentos en que el gobierno se encuentra en entredicho por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Regeneración, 20 de octubre de 2014.-En una visita a México entre el 6 y 14 de octubre, la relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CIDH, Rosa María Ortiz, «recibió información que indica que existiría un crecimiento alarmante en el número de niños no localizados. El gobierno mexicano no ha proporcionado cifras» al respecto, indica un comunicado de la institución.
La funcionaria se reunió con varias familias de víctimas, que «en su mayor parte responsabilizan a fuerzas estatales de dichas desapariciones forzadas» y que denuncian fallas en las investigaciones, añade el parte.
México vive una profunda indignación por la desaparición el 26 de septiembre de 43 estudiantes de una universidad rural en Iguala, Guerrero.
Además de haber arrestado a 17 presuntos criminales y 36 policías municipales, las autoridades buscan al ahora destituido alcalde de Iguala, que se encuentra prófugo, por su posible participación en estos hechos, que dejaron seis muertos, entre ellos tres universitarios y un menor.
También persiguen a su esposa, presidenta del DIF (una institución gubernamental de protección a la niñez y la familia), cuyos familiares han estado vinculados al cártel de los Beltrán Leyva.
La CIDH reiteró su «llamado urgente al Estado mexicano para localizar con la mayor urgencia a los 43 estudiantes (…) e investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial».
Entre la tortura y las garras de crimen
Por otro lado, la relatoría constató un «aumento de los niveles de violencia» contra los niños, con información de varias organizaciones civiles que dan cuenta de 2.000 niños asesinados o mutilados a veces «con extrema violencia» entre 2006 y 2014, así como «un alto número» de menores que habrían sido reclutados con violencia por la delincuencia organizada en comunidades pobres.
De los más de 118 millones de habitantes de México, siete millones viven en situación de extrema pobreza, muchos de ellos en Guerrero y los vecinos Oaxaca y Chiapas.
Estos estados, como muchos otros del norte del país, son escenario de disputas entre cárteles por el territorio y las rutas del narcotráfico.
En 2006, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado, y desde entonces se han registrado 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos por choques entre narcotraficantes y operativos para detenerlos, según cifras oficiales.
En relación con el sistema de cuidados alternativos a niños, niñas y adolescentes, la CIDH «observa que persiste una ausencia alarmante de reglamentación, coordinación y supervisión por parte del Estado».
En julio pasado, un escándalo estalló en un albergue para menores de Michoacán (oeste) llamado ‘La Gran Familia’, donde fueron encontrados cientos de bebés, niños y jóvenes en condiciones infrahumanas sufriendo varios tipos de abusos.
«Es inaceptable que el Estado no tenga un registro completo de los niños en cuidados alternativos, y que las casas u hogares particulares no estén debidamente regulados ni supervisados», subrayó la CIDH.
La institución también deploró la condición de los niños que viven en las calles, especialmente en la superpoblada capital, así como la de los niños migrantes, muchos de los cuales viajan sin la compañía de un adulto y no cuentan con una asesoría jurídica que garantice sus derechos más fundamentales.
(AFP)