El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, presentó una iniciativa de Ley para regular el uso de la fuerza pública en esa entidad. Sin embargo, sus críticos consideran que esta ley criminaliza la protesta social y permite el uso de armas contra civiles desarmados. Por eso la llaman “Ley Atenco”. Será votada este jueves 17 de marzo por el congreso local.
Regeneración, 16 de marzo de 2016. El pasado 29 de enero, el gobernador priísta del Estado de México, Eruviel Ávila, envió al congreso de su entidad una iniciativa de Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública. Esta ley pretende crear un marco legal, hasta ahora difuso, que defina en qué circunstancias los cuerpos estatales de seguridad podrán emplear la fuerza, incluido el uso de armas disuasivas y letales.
Desde entonces, la legislación estuvo detenida en comisiones pero será discutida este jueves 17 de marzo en el pleno del congreso estatal.
De aprobarse, la nueva legislación autorizaría al gobierno a utilizar la fuerza en los siguientes casos: en legitima defensa del elemento o de terceros; por cumplimiento del deber al salvaguardar los derechos, bienes y libertad de las personas, el orden y la paz pública; o para prevenir delitos, cuando sea necesario para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de algún peligro. Además, establece que el uso de armas letales es autorizado sólo en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte.
Sin embargo, la bancada de Morena calificó esta iniciativa como “Ley Atenco” ya que considera que lo que se busca es legitimar el uso de la fuerza pública para disolver manifestaciones y criminalizar actos de resistencia civil pacífica, como ocurrió cuando la policía reprimió a los campesinos de Atenco que se oponían a la construcción del Aeropuerto. Aquel operativo particularmente violento fue realizado bajo el mando del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el diputado Marco Antonio Ramírez, de Morena, “esta ley no protege a los ciudadanos, no conduce a la impartición de justicia, al contrario, está legitimando muchos posibles Atencos”.
Los ejemplos abundan. El artículo 12, en el segundo capítulo, abre las puertas para que se pueda usar la fuerza cuando exista la resistencia pasiva o “cuando una persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento [de policía] que previamente se haya identificado como tal”. Esto, dice el legislador, implica que cualquier manifestación que haga uso de la resistencia civil pacífica podrá ser catalogada como desobediente, permitiendo su represión.
Otro artículo, el 15, considera que las manifestaciones son ilegales “cuando en la petición o protesta que se haga ante la autoridad, se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean”. En esencia, esto podría abrir las puertas para que, cualquier manifestación en la que se exprese un pliego petitorio pueda ser clasificada como ilegal.
Por si esto fuera poco, la nueva legislación contempla eximir de toda responsabilidad al gobernador del Estado. En el artículo 16 se señala que “la determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación”. Así, la responsabilidad del uso de la fuerza se queda solamente en los mandos operativos y no en los niveles superiores de la cadena de comando.
“Eruviel está planeando lavarse las manos y ya tiene sus chivos expiatorios”, sentencia el diputado de Morena.
El diputado también aclaró que la bancada de Morena votará en contra de esa ley y esgrimirá argumentos por los cuales se considera que esta iniciativa no debe ser aprobada y regresarla de nuevo a la “congeladora” de las comisiones.