Wooden, llegó a Taxco hace tres años para instalar un taller de herrería, sin embargo al abrir su negocio comenzó a recibir amenazas de parte de un vecino que aseguraba ser parte del cártel Guerreros Unidos.
Regeneración, 13 de julio de 2016.- Después de tres años de haber sido brutalmente golpeado por policías municipales de Taxco, Guerrero, Ronald James Wooden, de origen estadounidense asegura que aún se está recuperando de los daños que los oficiales le ocasionaron en el sistema nervioso, genitales y costillas.
“Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer”, recuerda Wooden en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press.
Wooden, esposo de una mexicana, arribó a Taxco hace tres años para instalar un taller de herrería, sin embargo al abrir su negocio comenzó a recibir amenazas de parte de un vecino que aseguraba ser parte del cártel Guerreros Unidos, mismo que le pedía un pago de 10 mil pesos mensuales para su protección.
El herrero estadounidense se negó a pagar la cantidad que le exigió su vecino pero éste sacó su machete y lo amenazó con regresarlo a Estado Unidos en pedazos. Cuando llegó la policía, los agentes comenzaron a patearlo y golpearlo en el suelo, incluso lo detuvieron por supuestamente, estar ebrio y “alterar el orden”, hechos que Wooden niega.
Carmen, la esposa de Ronald James, esperó horas afuera del ministerio público para pagar la fianza del equivalente en pesos de apenas 12 dólares y llevarlo al hospital.
Después de salir del hospital, Wooden presentó una demanda penal tras la paliza pero la retiró cuando un hombre en la oficina del juez lo llevó a un lado y le dijo “están planeando hacerte desaparecer si sigues haciendo ruido y pidiendo cargos”.
Una investigación hecha en 2014 por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, encontró que la policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, además que se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones. La comisión emitió una recomendación que decía que las autoridades municipales deberían castigar a los responsables y pagar una indemnización.
Pero, después de dos años sin ningún tipo de avance, un juez federal ordenó el pasado 30 de junio que el gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en el caso de Wooden.
“Esto abre una brecha nueva, poco explorada, poco utilizada” para obligar a las autoridades a investigar las miles de quejas por torturas en México, dijo Mario Santiago, un abogado del grupo de derechos humanos Idheas, que representa a Wooden.
Con información de Excélsior, El Debate y Emeequis.