“Secuestros, intimidación a los ciudadanos, a los migrantes, a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos” son algunas de las violaciones a las garantías individuales en México que enlista el Departamento de Estados Unidos.
Regeneración, 13 de abril de 2016.- En su informe anual sobre la “Situación de los derechos humanos en el mundo en 2015”, el Departamento de Estados Unidos denunció la violación de los derechos humanos cometidos en México por militares y fuerzas de seguridad, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones.
El gobierno estadounidense insistió que como parte del deterioro de las garantías individuales, “la impunidad y la corrupción en las agencias de la aplicación de la ley y el sistema judicial se mantienen como problemas serios”.
“Secuestros, intimidación a los ciudadanos, a los migrantes, a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos” son algunas de las violaciones a las garantías individuales que enlista el Departamento de Estado al crimen organizado en México.
El gobierno de Barack Obama añade la situación en que se encuentran las prisiones, los arrestos, amenazas, detenciones arbitrarias y violencia contra las y los defensores de derechos humanos y periodistas, migrantes, mujeres, aparte del abuso doméstico a personas con discapacidades físicas y amenazas y violencia contra indígenas, así como abuso sexual y explotación de menores de edad.
“La impunidad para los que abusan de los derechos humanos sigue siendo un problema por todo el país”, dice el reporte.
Sin embargo, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de emitir juicios y se limita a explicar que el pasado 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un reporte “crítico” de las conclusiones que ya había expuesto al respecto el gobierno de México a cargo de Enrique Peña Nieto.
Dicho informe es realizado cada año y se entrega por parte del Departamento de Estado al Congreso federal estadunidense para que de acuerdo a lo resultante en materia de derechos humanos en cada país, pueda determinarse la ayuda que recibirán del exterior, que de ser el caso, proporcione Washington.
Con información de Proceso.