Expresidenta peruana alega vulneración al debido proceso y derecho a la defensa por parte del Congreso peruano.
Regeneración, 25 de noviembre de 2025.– La exjefa del Estado peruano, Dina Boluarte, ha iniciado una ofensiva legal para intentar anular su destitución.
La política, apartada del cargo el pasado 10 de octubre, presentó un recurso de amparo ante la justicia. Este movimiento busca revertir la decisión del Congreso que la separó del Ejecutivo.
En efecto, la defensa de la expresidenta argumenta que el proceso de vacancia estuvo viciado. Citan específicamente una grave vulneración al debido proceso parlamentario.
Según los abogados de Boluarte, el día crucial de la votación, el Pleno del Congreso le otorgó solo una hora para presentarse.
Este tiempo era para acudir a la sede del Legislativo y ejercer su defensa frente a la inminente destitución. En consecuencia, para el equipo de litigantes, este plazo resultó completamente insuficiente.
La defensa sostiene que le fue imposible alistar una estrategia apropiada. Por lo tanto, Boluarte no pudo asistir al edificio del Congreso nacional.
Y sin embargo, esta vez tampoco estuvo preparada al presentar el amparo, y confundió al Presidente de sala con un juez, digo con una jueza…
Derecho a la Defensa
El documento legal exige la retrotacción de todo el procedimiento de vacancia. Este paso busca dejar sin efecto la destitución. El argumento central es la supuesta violación de derechos constitucionales. Citan el derecho a la defensa y al debido proceso.
La querella sostiene, textualmente, que se ha vulnerado el debido proceso en sede parlamentaria. Afirma también que se afectó el «derecho a la defensa y el derecho al honor y buena reputación de la demandante [Dina Boluarte]».
Destitución
Recordemos que el Pleno del Parlamento peruano destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.
Su salida se concretó el 10 de octubre. El Legislativo procedió a elegir inmediatamente a José Jerí para asumir la presidencia. Además, la situación legal de la exmandataria es complicada.
Tras su remoción, la Fiscalía nacional dictó una orden de impedimento de salida del país. Esta medida cautelar se mantiene vigente. La investigación en curso la vincula a presuntos delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos.
Por consiguiente, su batalla legal no solo se libra en el frente de la destitución, sino también en el ámbito penal. Pero además de todo, la expresidenta ya recibirá su pensión vitalicia, ¿entonces quiere pensión y además regresar al poder?
