ONGs documentan impunidad en violencia territorial y exigen la aprobación urgente de ley general sobre desplazamiento forzado
Regeneración, 12 de agosto de 2026.– Diversas organizaciones civiles exhibieron la falta de justicia en los casos de desplazamiento forzado registrados en Chihuahua.
Las agrupaciones constataron solo dos sentencias favorables entre 83 denuncias oficiales presentadas ante la fiscalía.
Integrantes del colectivo explicaron que en la comunidad El Manzano “no ha sido judicializada” la condena contra agresores.
Ante este preocupante escenario, la impunidad mantiene a los perpetradores viviendo en la misma zona afectada.
En este contexto judicial, las entidades recabaron estadísticas mediante solicitudes dirigidas al Portal de Transparencia del estado.
Los datos provienen de las indagatorias realizadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local.
Las organizaciones civiles obtuvieron los expedientes durante la Misión Civil de Observación desplegada en mayo.
Por consiguiente, los activistas alertaron sobre la desprotección institucional permanente hacia las familias vulnerables.
Presentación de informes y llamado legislativo
Por otro lado, la delegación ciudadana entablará conversaciones formales con las dependencias del Gobierno de México.
Los defensores entregarán el reporte final ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
La minuta oficial llegará directamente a las oficinas coordinadas por el funcionario Arturo Medina en Gobernación.
Asimismo, el informe de la misión estará dirigido a la coordinación de asesores de la Presidencia.
De manera paralela, los activistas urgieron al Estado nacional a reconocer oficialmente la crisis de movilidad forzada.
Los ponentes reclamaron aprobar “una ley general en la materia” para coordinar acciones gubernamentales inmediatas.
La legislación propuesta debe garantizar “mecanismos de prevención, atención, protección, reparación integral y soluciones duraderas”.
De este modo, los colectivos buscan asegurar la integridad física de las comunidades desplazadas del país.
Violencia territorial en la región serrana
Por su parte, el trabajo de campo contempló entrevistas directas con más de 200 personas desplazadas.
Los defensores recorrieron las localidades urbanas de Parral, Delicias y la capital de Chihuahua.
Las víctimas provienen de núcleos rurales como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y La Sierrita.
Además, la comitiva registró agresiones semejantes en municipios de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
Finalmente, las agresiones responden a la disputa por el control de la rica Sierra Tarahumara y el Triángulo Dorado.
Al evaluar la situación, Yareli Rivera denunció que “grupos criminales, gubernamentales y empresariales son quienes principalmente se disputan el territorio”.
El espacio geográfico resulta atractivo por sus recursos forestales, riqueza mineral y actividades vinculadas al narcotráfico.
Por lo tanto, la reestructuración del crimen organizado continúa expulsando violentamente a los pobladores originarios.
