La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto bajo escrutinio operaciones realizadas durante la gestión de Lía Limón al frente de la Alcaldía Alvaro Obregón, luego de que una auditoría sobre el ejercicio presupuestal del año fiscal 2022 documentara decenas de inconsistencias en contratos por poco más de 31 millones de pesos destinados a material eléctrico, uniformes, prendas de protección y materiales de construcción.
El caso ya ha llegado a la Fiscalía General de la República (FGR), y será ella quien determinará las eventuales responsabilidades de servidores públicos y particulares.
Contratos sin comprobación suficiente
Los 31.49 millones de pesos puestos a revisión por la ASF corresponden a tres contratos.
El primero, por aproximadamente 16.28 millones de pesos, destinado a material eléctrico y electrónico para alumbrado público.
Luego,el segundo, por 10.30 millones, a uniformes y prendas de protección; y un tercero, por 4.90 millones, a pintura, impermeabilizante y otros materiales para el mantenimiento de la infraestructura.
La ASF determinó que la documentación proporcionada por la alcaldía no acreditaba suficientemente la distribución y utilización de los bienes.
En el caso del material eléctrico, no se presentó evidencia suficiente de los trabajos de mantenimiento realizados. Respecto de los uniformes no se acreditaron adecuadamente las salidas de almacén ni el padrón de beneficiarios.
E incluso, para los materiales de mantenimiento no pudo demostrarse su aplicación en escuelas, centros de atención, módulos de seguridad, casas del adulto mayor u oficinas de la demarcación.
Proveedores y otras anomalías
Dos de los contratos señalados, los correspondientes a la adquisición de material eléctrico, por un lado, y a la de uniformes y prendas de protección, por el otro, fueron adjudicados a Soluciones Empresariales Klee, S. A. de C. V.
Durante las visitas realizadas por el órgano fiscalizador, se constató que uno de los domicilios correspondía a un taller de hojalatería y pintura y otro a un departamento vacío cuya nomenclatura no coincidía con la registrada en el contrato.
El expediente del órgano fiscalizador se encuenetra en manos de la FGR, específicamente en el ámbito especializado en combate a la corrupción.
Corresponderá al Ministerio Público determinar si las inconsistencias detectadas pueden constituir delitos y, en su caso, quiénes serían responsables.
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