Ley Mariana Lima entra en vigor en el Estado de México

 Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía / Cuartoscuro

El pasado 26 de septiembre, en el Estado de México, entró en vigor la Ley Mariana Lima Buendía, la cual obliga a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a investigar bajo el protocolo de feminicidio todas las muertes violentas de mujeres y niñas.

La reforma, asimismo, establece penas de 4 a 10 años de prisión para las y los servidores públicos que, por corrupción, omisiones, negligencia u obstrucción, nieguen o dificulten el acceso a la justicia en delitos cometidos contra mujeres por razones de género.

El caso que dio origen a la reforma

El 29 de junio de 2010, Mariana Lima Buendía fue localizada sin vida en su domicilio de Chimalhuacán, Estado de México. Al momento de su muerte, tenía 29 años de edad.

El deceso fue inicialmente investigado como suicidio; determinación que su madre, Irinea Buendía Cortés, cuestionó y combatió durante años. 

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Primera Sala resolvió el amparo en revisión 554/2013 el 25 de marzo de 2015.

La sentencia del máximo tribunal estableció que las autoridades deben investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y agotar las líneas de investigación para determinar si existieron razones de género.

Cabe mencionar que Irinea Buendía presentó la propuesta ante el Congreso mexiquense por primera vez en agosto de 2023 y volvió a impulsarla en junio de 2025. 

Sanciones por obstaculizar las investigaciones

La reforma modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado de México. 

Además de establecer las obligaciones de investigación para la FGJEM, contempla sanciones para servidores públicos de procuración y administración de justicia que obstaculicen investigaciones o incurran en omisiones, negligencia o actos de corrupción relacionados con delitos contra mujeres por razones de género.

Las sanciones contemplan de 4 a 10 años de prisión, multas de 100 a 150 días, así como destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. 

El Congreso mexiquense aprobó el dictamen por unanimidad el 10 de septiembre pasado.

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