El Estado mexicano cinco años después ni siquiera ha reconstruido las últimas horas de las 72 personas asesinadas, mostrando cuán ineficientes han sido las investigaciones
Por Marcela Belchior/ Adital*
Cinco años ya pasaron desde el trágico delito que quitó la vida de 72 migrantes en México, que intentaban cruzar la frontera para entrar en Estados Unidos. Hasta hoy, las autoridades mexicanas no juzgaron ni siquiera detuvieron a los responsables. Las sospechas recaen sobre grupos criminales, que actuaban en cooperación con agentes de seguridad locales del Estado. Organizaciones de derechos humanos exigen medidas.
“La Masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, afirma Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas’ en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo”, continúa Carolina. “La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia”, complementa la activista.
Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, un total de 58 hombres y 14 mujeres provenientes de países centro y sudamericanos, la mayoría inmigrantes, fueron brutalmente ejecutados dentro de un rancho, en la ciudad mexicana de San Fernando, Estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, en Estados Unidos. Según el ecuatoriano Luis Fredy Lala Pomavilla, sobreviviente del homicidio, las víctimas fueron amarradas, humilladas y asesinadas con tiros de armas de fuego por la espalda, posteriormente apiladas a la intemperie. El caso quedó conocido en el país como la Masacre de San Fernando.
No se sabe, ciertamente, qué fue lo que ocurrió. Relatos de investigaciones con el testigo y las autoridades mexicanas divergen en cuanto al número total de víctimas, entre 76 y 77 inmigrantes. De acuerdo con la Procuraduría General Mexicana, 77 habrían sido capturados por los criminales, siendo 72 asesinados, dos sobrevivientes y tres estarían hasta hoy desaparecidos.
Funcionarios federales del país indican que los inmigrantes habían sido divididos en dos camiones, partiendo de la ciudad de Veracruz el 21 de agosto de 2010, con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San Fernando, sin embargo, habrían sido interceptados por hombres armados, que les agredieron, amenazaron de muerte y exigieron dinero a cambio de su libertad.
La hondureña Élida Yolanda es un ejemplo de la falta de celeridad y de la falta de compromiso del Estado en el caso. Madre de Eva Nohemi Hernández Murillo, que a los 25 años fue una de las víctimas de la masacre, Yolanda relata que sólo pudo saber de la muerte de su hija cuatro años después de lo ocurrido. Amnistía Internacional denuncia la omisión del Estado mexicano que, cinco años después, ni siquiera reconstruyó las últimas horas de las 72 personas asesinadas, mostrando cuán ineficientes han sido las investigaciones, tanto por parte de las autoridades locales como federales. “No hay esfuerzos coordinados o informaciones a los familiares de las víctimas sobre progresos”, afirma la organización. Además, señala “demoras extremas” en la identificación de las víctimas.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía el de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después”, cuenta. “Todo lo que pido es una investigación para saber qué ocurrió con mi hija. No quiero ver más gente muriendo”, suplica Yolanda.
En los últimos años, otros casos de secuestro, desaparición y homicidio de migrantes han surgido en el país, involucrando a miles de familias. “¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades hagan algo? No hay tiempo que perder, las autoridades mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes”, asevera Carolina Jiménez.
Regeneración, 9 de septiembre del 2015. Marcela Belchior, es periodista de Adital. Maestra en Comunicación y Semiótica en Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), investiga las relaciones culturales en América Latina. Correo electrónico: [email protected] (Con informaciones de Amnistía Internacional)