Penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.
Regeneración, 21 de abril del 2015. “No basta con tener leyes: es necesario que se apliquen y que caiga sobre aquellos que las infringen el peso de las mismas. Porque si no es así los comportamientos antisociales se multiplican y se generalizan. Y surge la impunidad”. De esta manera explica el Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla un fenómeno poco estudiado hasta ahora y que sin embargo está causando estragos en algunas sociedades.
Por eso ha elaborado el Índice Global de Impunidad, para lo que ha incluido 59 países –analizaron solo aquellos de los que tenían 14 indicadores completos- pertenecientes a las Naciones Unidas. Para ello, estudiaron por un lado la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y por otro, la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada una de las naciones estudiadas. Tras compilar las cifras disponibles, otorgaron una puntuación (de 0 a 100), donde el cero sería la situación perfecta.
“El objetivo era crear un concepto que ayudara a entender el fenómeno y tratar de medirlo. La política pública requiere de fundamentos científicos, datos bien estructurados para tomar mejores decisiones”, explica Juan Antonio Le Clercq, coordinador de este del Índice Global de Impunidad 2015.
La lista de los países que se ven desgarrados por este fenómeno está encabezada por Filipinas (con una puntuación de 80), mientras que México (75.7) aparece en el segundo puesto. Pero el 50% de las 10 primeras plazas están ocupadas por países latinoamericanos: Colombia (75.6) está en la tercera posición, Nicaragua (65.9) en la sexta, y Honduras y El Salvador están en el séptimo y octavo lugar (ambos con un 64.1).
Resultados para México
México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.
México y once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.
México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
Al respecto de la primera, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial.
El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles. • IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice permitió evidenciar: su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el Índice retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México, 355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy pegado al promedio de la proporción de policías que es de 332 por cada 100 mil habitantes.
Las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33% en el peso de la calificación de México. Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas.
El problema de la impunidad en México es funcional y estructural no nació en esta administración pero se necesitan tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos.
Resultados para América Latina
Los siete países de América Latina y el Caribe, estudiados en el IGI, con el menor índice de impunidad son Costa Rica, Barbados, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Guayana y Chile.
Otros países de la región como Venezuela, Surinam, Santa Lucía, Haití, Ecuador, Dominica, Cuba, Antigua y Barbuda, Guatemala, Granada, Belice, Uruguay y Bolivia no generan la información estadística suficiente para poderlos estudiar dentro del IGI. Estos países tienen solamente seis o menos indicadores de medición por lo que podemos catalogarlos dentro de la zona de impunidad estadística y problemas estructurales. Sus gobiernos deben hacer un esfuerzo mayor para reportar sus estadísticas a Naciones Unidas.