El Gobierno de México presenta denuncias en Estados Unidos tras el fallecimiento de 17 connacionales bajo la custodia de ICE
Regeneración, 19 de agosto de 2026.– El Gobierno de México fortalece la defensa legal de los connacionales fallecidos bajo el resguardo de autoridades estadounidenses.
La Cancillería presentó 20 denuncias formales ante fiscalías estatales y de distrito en ocho estados norteamericanos.
Estas acciones buscan esclarecer los hechos ocurridos durante operativos o detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
En este contexto, las gestiones diplomaticas escalaron hasta las instancias más altas del ámbito internacional.
El Canciller Roberto Velasco informó sobre la respuesta emitida por la Organización de las Naciones Unidas respecto al caso.
Sobre este avance, Roberto Velasco Álvarez destacó que se recibió respuesta donde el organismo expressó: «conocimiento y preocupación de la situación».
Avances en investigaciones y apoyo consular
Paralelamente, se canalizan recursos económicos directos para brindar asistencia oportuna a las familias de las víctimas afectadas.
Se han destinado 24 mil 788 dólares para facilitar los trámites de repatriación de los restos mortales.
La red consular mantiene presencia permanente en los centros de detención para verificar el respeto a las garantías individuales.
Por su parte, los fiscales locales de diversas jurisdicciones iniciaron la revisión correspondiente de cada caso turnado.
Distritos en California, Illinois y Texas valoran acciones legales en torno a las denuncias promovidas por las autoridades mexicanas.
Sin embargo, en otras demarcaciones como Florida, la fiscalía decidió no abrir indagatorias adicionales tras respaldar el reporte de ICE.
Posición de la Presidencia de México
La protección de los ciudadanos en el exterior constituye un eje prioritario en la política exterior de la administración.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Cancillería actuará de oficio en la presentación de denuncias futuras.
Además, la mandataria mexicana subrayó la postura humanista de su gobierno señalando abiertamente que: «no se debe criminalizar la migración».
Finalmente, el Ejecutivo federal reiteró su compromiso de agotar todos los mecanismos legales internacionales para exigir responsabilidades claras.
Las investigaciones buscan sancionar posibles faltas del personal gubernamental estadounidense o de empresas privadas de custodia.
El Estado mexicano mantendrá el acompañamiento jurídico sin buscar conflictos bilaterales, priorizando siempre la justicia para las víctimas.
