Hasta hoy, el gobierno sólo ha reconocido a 27 mil desaparecidos, comentó Grace Mahogany Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, sin embargo la cifra es mayor
Regeneración, 28 de marzo del 2016.-Organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición exigieron al Senado de la República que la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas sirva de herramienta para los familiares de quienes han sido víctimas de este delito en México.
Hasta hoy, el gobierno sólo ha reconocido a 27 mil desaparecidos, comentó Grace Mahogany Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, sin embargo la cifra es mayor, ya que la cifra del gobierno sólo considera a aquellos desaparecidos que cuentan con averiguaciones previas, y no se cuentan los miles de cadáveres que están en fosas clandestinas, fosas comunes, en los semefos, ni las personas que llegan en calidad de desconocidos a los hospitales.
Solamente uno de cada nueve desaparecidos cuenta con actas circunstanciadas, o se les ha abierto una averiguación previa. No se está contando a los miles de migrantes que no se sabe si están en tránsito o han sido desaparecidos, por lo tanto, la cantidad de desaparecidos en México es mucho mayor a la aceptada por el gobierno.
Este fenómeno, explicaron organizaciones civiles, se debe a la falta de interés de las autoridades, a la impunidad y la corrupción.
Las desapariciones forzadas además, no ocurren solamente a manos de agentes del estado, sino de particulares, y cuando las autoridades no hacen nada se convierten en cómplices.
Frente al problema amplio de las investigaciones en este tipo de delitos, los familiares de víctimas y organizaciones refirieron que debe crearse un organismo ciudadano de búsqueda y vigilancia, integrado por expertos, organizaciones de derechos humanos y familiares, siendo estos últimos una parte fundamental puesto que conocen a fondo las trabas y obstáculos existentes en los procesos de búsqueda que han emprendido para sus familiares.
Esta organización, aclaró Jorge Verástegui, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, “debe tener un poder coercitivo, porque sabemos que los órganos que hacen recomendaciones no funcionan, necesitamos tener poder para quitar incluso al titular de las comisiones de búsqueda.
Fernando Yúnez Márquez, senador titular de la comisión de justicia, reconoció que no ha sido eficaz la tipificación del delito de desaparición forzada. Por su parte, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos humanos, destacó la necesidad de crear protocolos únicos de búsqueda e investigación, donde las unidades encargadas puedan trabajar bajo un mismo concepto.
Fuente: eleconomista.com.mx