Situación que prevalece en Michoacán es “útil para pequeños grupos de capitalistas vinculados a mineras, trazado de carreteras y presas, las que lucran con políticas estatales”.
“Hubo una manipulación mediática dirigida a enrarecer el agua en la que se mueven muchos grupos civiles armados, algunos que tienen que ver con prácticas y costumbres indígenas, y se los trata de hacer asimilables a expresiones vinculadas a grupos delincuenciales”.
Por Carlos Fazio
(desinformemonos.org) – La confusión que se vive en el estado es producto de la política priista, que pretende dar nuevas funciones a los grupos criminales y concentrar el poder bajo la figura de “Estado de Derecho”, explica el analista.
“Michoacán, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad”, afirma el analista Carlos Fazio. Fuerzas armadas “disfrazadas de carteles” que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central el sexenio anterior, se resisten a que se les pase a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, explica, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos.
En la última semana de octubre, grupos de autodefensas de la zona de Tierra Caliente entraron a Apatzingán para confrontar al cartel de los Caballeros Templarios y fueron atacados por francotiradores pues, denunciaron, el ejército no les permitió entrar armados. Un día después, 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 6 gasolineras fueron atacadas con disparos y bombas caseras, dejando a más de 400 mil clientes de la CFE sin energía eléctrica. Se manejó la versión de que fue una represalia por la entrada de las autodefensas a Apatzingán, mientras el obispo denunció que Michoacán es un “Estado fallido”.
Fazio recalca que si el gobierno de Peña Nieto hizo desaparecer de nota principal las políticas vinculadas a la criminalidad y en su lugar, potenciar a México como democracia próspera y país de clase media, “hoy el caso Michoacán nos devuelve a una realidad que fue las ocho columnas del sexenio pasado”.
La situación, reconoce el analista uruguayo, es confusa, y “bajo estas confrontaciones, intentan ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos, que ya lograron entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo vinculadas a mineras, trazado de carreteras y presas, las que lucran con políticas estatales”.
Desenredando la madeja
Fazio recuerda que al mismo tiempo que el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la Familia Michoacana, “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”.
En esta lógica, explica, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, “que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón”.
El periodista advierte que bajo el gobierno de Peña, la política represiva quiere refuncionalizar a esos escuadrones armados que cumplieron tareas vinculadas al tráfico de drogas, muchos de los cuales están relacionados con negocios empresariales de exportación, como la minería y transnacionales agroindustriales. Especialista en geopolítica, Fazio ejemplifica con el caso de la estadunidense Chiquita Brands (sucesora de la United Fruit Company), que usó a paramilitares en Colombia para desplazar campesinos y en esas áreas sembrar sus productos.
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Foto: La Jornada / @lajornadaonline; aunamnoticias.blogspot.mx