A la par que crecen los reclamos de la sociedad civil que denuncia el desinterés del gobierno federal ante temas como el feminicidio, la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), y la desaparición de mujeres y jóvenes, el gobierno federal asegura tener una Administración Pública Federal (APF) con “perspectiva de género transversal”.
1 de septiembre de 2014.-Dentro del Segundo Informe de Gobierno –entregado ayer por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión– se presentan los supuestos avances obtenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, es decir, los presuntos logros en las tres estrategias transversales planteadas por el gobierno federal, una de ellas: la perspectiva de género.
De acuerdo con el informe, el gobierno incorpora esta visión en todas las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos y acciones afirmativas de la APF.
Como parte de sus logros en esta materia, el gobierno de la República resaltó la publicación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), y el incremento en el presupuesto etiquetado para la igualdad de género, ya que para 2014 las erogaciones en la materia alcanzaron un total de 21 mil 522 millones de pesos (mdp), distribuidos en 115 programas presupuestarios de la APF.
Los programas a favor de las mujeres que el gobierno federal resalta en el Segundo Informe son el Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, estos dos últimos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Lo que el gobierno federal olvidó mencionar son los faltantes en el presupuesto denunciados en enero pasado por la Coalición por la Salud de las Mujeres, cuando la agrupación acusó la opacidad con la que se manejan los recursos destinados para mujeres embarazadas con VIH, y el hecho de que el 60 por ciento del Ramo 12 de Salud está destinado al Seguro Popular, sin que se cuenten con normas claras que permitan monitorear estos recursos.
Además en el informe se omite que al cierre de septiembre de 2013 el Seguro de Vida para Jefas de Familia apoyó sólo a 97 personas de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su madre cabeza de hogar, pese a que el programa recibió 400 mdp, recursos que tenía previstos para beneficiar a por lo menos 15 mil personas.
Con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos femeninos, el Segundo Informe destaca la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se establece que los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad de género en candidaturas para los congresos federal y estatales.
El informe también presume que “para que las mujeres y niñas gocen de sus derechos en sus comunidades y pueblos indígenas”, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tradujo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) a 13 lenguas indígenas, y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a 16 lenguas autóctonas.
En tanto, el gobierno federal parece no acordarse de las 207 mil 162 niñas que hablan alguna lengua indígena, pero que no saben leer y escribir en español ni en sus idiomas de origen.
A fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizarles acceso a una justicia efectiva, en su Segundo Informe el Estado mexicano presumió la creación de cinco Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), que entre septiembre de 2013 a julio de 2014 atendieron a un total de 45 mil 529 mujeres víctimas de violencia.
Enunció la publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, que es de observancia obligatoria en toda la APF; la creación de la Línea 01800-Háblalo, que es de alcance nacional y proporciona, de manera confidencial y gratuita, orientación psicológica y asesoría legal a las mujeres en situación de violencia.
Agregó que en el segundo año de esta administración se actualizó el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres (que tiene registrado 90 mil 573 casos de violencia contra niñas y mujeres y los datos de 67 mil 546 agresores).
Como otros “logros” del gobierno federal se encuentra el diagnóstico del funcionamiento de los CJM en México, y la investigación “Futuros personales de mujeres que viven violencia”, aunque no se precisa qué instancia la elaboró.
Dentro de este rubro se enlistan el número de mujeres que han sido atendidas en diferentes instancias y dependencias federales, así como las campañas que se emprendieron para intentar frenar el hostigamiento y acoso sexual en el medio laboral.
También se hace un recuento de todas las personas de la función pública capacitadas en materia de Derechos Humanos (DH) y violencia de género.
En ese tema, lo que el Segundo Informe invisibiliza es la reiterada negativa de activar la AVG luego de que tan sólo en este año se tienen cuatro investigaciones en curso sobre la violencia feminicida en los estados de Guanajuato, Morelos, México y Chiapas.
Cabe recordar que la incidencia del feminicidio y desapariciones de mujeres y niñas, la falta de acceso a la salud, la no disminución de la muerte materna (MM), el incremento de la violencia obstétrica y los embarazos tempranos, las violaciones a las migrantes y las agresiones contra defensoras y periodistas, son algunos de los temas denunciados por organizaciones feministas y de defensa de los DH ante expertas internacionales que visitaron el país.
Este año llegaron a México expertas del Comité de la CEDAW, como Silvia Pimentel y Line Bareiro; la jurista internacional Alda Facio, y la relatora especial de la ONU en materia violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, a quienes se sumaron recientemente integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH
(Agencia: CIMAC)