Un Tribunal Colegiado ordenó formar una comisión imparcial para lograr la apertura y entrega de archivos militares de la Guerra Sucia
Reegeneración, 10 de agosto de 2026.– Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó crear una Comisión de Transparencia de Archivos para abrir expedientes de la Sedena.
La medida judicial responde al amparo interpuesto por la activista e historiadora Alicia de los Ríos en búsqueda de su madre.
El fallo busca transparencia plena en documentos militares sobre graves violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.
Las autoridades del Poder Judicial de la Federación determinaron la existencia de omisiones institucionales reiteradas en materia de rendición de cuentas.
Sobre el incumplimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la entrega documental, la autoridad judicial fue contundente en su veredicto.
En su resolución oficial, el Tribunal Colegiado determinó que la Sedena “ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar” los expedientes.
Por consiguiente, la justicia federal amparó a la demandante para garantizar el acceso público a la información histórica requerida.
Esta decisión judicial busca esclarecer los casos de desaparición forzada registrados durante ese periodo oscuro del país.
Integración imparcial de la nueva comisión
De acuerdo con el Centro Prodh, la nueva comisión estará conformada de manera imparcial por representantes del Archivo General de la Nación.
Estos funcionarios tendrán la tarea directa de clasificar, resguardar y transferir los expedientes identificados hacia los repositorios correspondientes.
El objetivo principal reside en reconstruir la verdad histórica e identificar responsabilidades institucionales sobre las persecuciones políticas pasadas.
Asimismo, los trabajos permitirán aportar indicios valiosos para dar con el paradero de la activista desaparecida en 1978.
Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil recordaron que la Sedena desatendió mandatos presidenciales previos sobre transferencia de archivos.
El Centro Prodh explicó que la obligación legal comprendía expresamente a la Secretaría de la Defensa Nacional desde el año 2019.
Sin embargo, la cúpula militar ocultó y negó sistemáticamente el acceso directo a las cajas documentales requeridas.
Ante estas anomalías registradas, el tribunal estableció mecanismos de vigilancia para evitar nuevos bloqueos en las investigaciones en curso.
Resistencia institucional y expectativas de cumplimiento
En años pasados, los integrantes del Mecanismo para la Verdad tuvieron acceso temporal a los valiosos documentos históricos de la Sedena.
No obstante, las fuerzas armadas obstaculizaron las revisiones posteriores, alteraron expedientes e impidieron el trabajo de los investigadores especializados.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la sentencia dictada por las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín.
La resolución judicial abre una nueva oportunidad para poner fin a décadas de impunidad e incertidumbre para las familias.
Finalmente, los grupos que acompañan el caso destacaron que el éxito de la resolución dependerá de las autoridades federales competentes.
En sus comunicados oficiales, el Centro Prodh subrayó que la ejecución de la sentencia “dependerá de la voluntad política del Estado mexicano”.
Las familias de las víctimas continuarán exigiendo la entrega inmediata de todos los expedientes militares vinculados con la represión estatal.
La apertura total de las carpetas resultará indispensable para garantizar el derecho a la verdad y la justicia.
