Este 31 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, debido a una presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos del presupuesto estatal hacia empresas vinculadas a la familia del gobernador.
La denuncia, interpuesta el pasado 16 de octubre, deriva de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Cuatro rutas de transferencias bajo investigación
De los movimientos identificados, 928.13 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico del padre de Samuel García.
Una de las principales operaciones, según el informe de la ASF, comenzó con una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a una empresa constructora.
Posteriormente, esta compañía trasladó 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que habría entregado 385.3 millones de pesos al despacho jurídico del padre del gobernador neoleonés.
Una segunda ruta involucró el pago de 964 millones de pesos a una comercializadora. De esa cantidad, 237 millones fueron transferidos a una empresa de alimentos, que más tarde habría enviado 202.9 millones al mismo despacho.
En una tercera operación, la administración estatal pagó 243 millones de pesos a una empresa de servicios, que a su vez transfirió 65.5 millones a una consultoría. Esta última retuvo 2.6 millones y habría entregado el resto al despacho jurídico.
La cuarta y última ruta corresponde a una transferencia de 154.2 millones de pesos a otra compañía, que posteriormente realizó un pago de 144.4 millones a una empresa de equipamiento. De esta cifra, 77.03 millones habrían terminado también en el despacho señalado por la auditoría.
ASF señala posible beneficio patrimonial para la familia del gobernador
La denuncia contra Nuevo León quedó registrada el 16 de octubre y forma parte de los resultados de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025.
Durante la presentación de los resultados, Aureliano Hernández, titular de la ASF, explicó que la auditoría identificó mecanismos similares en Sinaloa, donde también se investigaron transferencias de recursos públicos a empresas relacionadas con familiares de servidores públicos.
El gobernador de Nuevo León, por su parte, aseguró que está dispuesto a enfrentar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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