El pasado 7 de octubre, Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), retiró una propuesta de sentencia que habría permitido a Embotelladora Las Margaritas, empresa vinculada a Coca-Cola a través de Grupo Rica, vender bebidas y otros productos sujetos a restricciones sanitarias en instituciones de educación superior.
El proyecto planteaba excluir a las universidades de las disposiciones legales que limitan la venta de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional, esto es, comida chatarra, en los planteles educativos.
Un amparo contra las restricciones sanitarias
En 2024, Embotelladora Las Margaritas promovió un amparo indirecto contra las disposiciones de la Ley General de Educación y los lineamientos federales que regulan la distribución y venta de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
Después de que una jueza de distrito resolviera el asunto, el caso llegó a la SCJN mediante el amparo en revisión 20/2026.
Figueroa Mejía proponía conceder protección judicial a la embotelladora bajo el argumento de que los estudiantes universitarios son, en su gran mayoría, adultos, y la ley busca proteger, ante todo, a los menores de edad.
El resolutivo original contemplaba amparar a la empresa contra varios apartados de los lineamientos publicados el 30 de septiembre de 2024, durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, Figueroa Mejía sustituyó esa versión por otra que se alineaba con la continuidad de las restricciones.
De haber sido aprobada, la resolución habría abierto la posibilidad de comercializar sus productos en universidades e instituciones de educación superior, pese a las restricciones aplicadas en los planteles escolares.
Grupo Rica y su relación comercial con Coca-Cola
Embotelladora Las Margaritas, perteneciente a Grupo Rica, comercializa un portafolio de bebidas que incluye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Mundet, Topo Chico y Fresca, además de productos de las marcas Ciel, Del Valle, Monster, Predator, Powerade y Santa Clara.
La controversia judicial promovida por Figueroa Macías pretendía, por tanto, beneficiar una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de refrescos y comida chatarra, en detrimento de una política pública de salud.
Cabe resaltar que el ámbito de aplicación de los lineamientos federales en esa materia también incluye (y expresamente) a la educación media superior y superior.
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