9 millones sin acceso al agua potable
Regeneración, 24 de junio de 2015. Un marco legal en materia energética, minera y de agua que privilegia los intereses del sector privado sobre los derechos de los pueblos, así como violaciones graves a derechos humanos, especialmente del derecho al agua, debido a la proliferación de proyectos mineros, de exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking, y de represas e hidroeléctricas a lo largo de todo el país –todo sin el consentimiento de las comunidades afectadas- han provocado un aumento de la conflictividad social y la criminalización de los defensores del territorio, informaron organizaciones sociales en la exposición “Las violaciones al derecho humano, al agua y al saneamiento generadas por la proliferación de las industrias extractivas en México”, publicada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las autoras de la exposición, organizaciones no gubernamentales con status consultivo ante la ONU y organizaciones, redes, movimientos y comunidades de México solicitaron al Consejo de Derechos Humanos y a un grupo de Relatorías Especiales de la ONU que exhorten al Estado mexicano a modificar las medidas legislativas y políticas vinculadas con actividades extractivas que afecta al derecho al agua, no implementar proyectos de hidrocarburos, electricidad, minería y de recursos hídricos sin garantizar el consentimiento libre e informado de las comunidades, detener el ataque contra defensores de derechos humanos y castigar a los responsables, así como garantizar el cumplimiento efectivo de la ley para proteger a las comunidades de las afectaciones que generan las actividades extractivas.
El documento fue publicado el pasado 3 de junio en el marco del 29° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre las 27 organizaciones firmantes se encuentran Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Alianza Mexicana contra el Fracking, Tribu Yaqui, Tetela hacia el Futuro y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua.
El 18 de junio, la ley de aguas impulsada desde el gobierno federal fue desechada al vencerse el plazo para dictaminar iniciativas en la Cámara de Diputados, lo que organizaciones civiles consideraron un triunfo para la sociedad. La iniciativa buscaba, entre otras cosas, legalizar el despojo y la contaminación del agua y el territorio, restringir el derecho humano al agua sólo a habitantes en asentamientos legalmente constituidos e ignorar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de dotación del líquido.
Con información del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro-Juárez