Por Jenaro Villamil | homozapping
No es la primera vez que se tiene registro de una matanza o ejecución protagonizada por efectivos militares en Tlatlaya. Tampoco la primera vez que se encubre la información y que el gobierno del Estado de México participa en esta operación de “silenciamiento”. Sí es, por ahora, el primer caso que se ventila en medios norteamericanos y presionó a una reacción acelerada del gobierno de Peña Nieto.
Tlatlaya está ubicado en el infierno. Así le llaman los guerrerenses y mexiquenses al enclave de la “Tierra caliente” donde se ubica este municipio, cercano a Arcelia, Guerrero. Desde la década pasada, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el federal y estatal, sentó sus reales ahí La Familia Michoacana. Y hay varios indicios que vinculan a integrantes del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, con sede en San Miguel Ixtapan.
El 9 de octubre de 2008, en su columna Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa, publicó que el 18 de agosto del mismo año en San Pedro Limón –el mismo sitio de la matanza de este 2014- hubo una matanza de 23 personas, niños y adultos, a manos de un grupo agresor que atacó a la población indiscriminadamente.
“Rato después… llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Estos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido”, relató Granados Chapa.
El caso quedó en el silenciamiento más ominoso, a pesar del relato del columnista político más importante de ese momento.
Cuatro años después, en 2012, el periódico Reforma publicó versiones que involucraban a elementos del 102 Batallón de Infantería con La Familia Michoacana. Se procesaron judicialmente a 12 elementos del mismo batallón por presuntos vínculos con Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Fish, operador de La Familia Michoacana. El mismo personaje vinculado en la reciente ola de secuestros en Valle de Bravo.
El 30 de junio de 2014, en la madrugada, se dio otro enfrentamiento. Como hace casi seis años se intentó tapar el asunto. Un escueto comunicado de la 22 Zona Militar de la SEDENA informó que ocurrió un enfrentamiento, producto de la liberación de tres personas secuestradas.
Ese mismo día, en la madrugada, hubo una reunión entre altos mandos civiles y militares en Toluca. Estuvo el primer nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto.
Al día siguiente, Eruviel Avila, informó en su comunicado que el ejército tuvo “una valiente presencia y acción de poder al rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente, un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.
El procurador estatal Alejandro Jaime Gómez Sánchez le dio carpetazo al asunto. No investigaron. No dijeron nada. Tampoco la CNDH.
La agencia norteamericana AP, a mediados de julio, fue la primera en alertar que pudo ocurrir un fusilamiento masivo en Tlatlaya y que no se trató de un “enfrentamiento” entre bandas criminales.
Fue hasta el pasado viernes 19 de septiembre, cuando la edición mexicana de la revista Esquire –cuya franquicia en México pertenece a Editorial Televisa- publicó el testimonio de la madre de una de las víctimas que el caso adquirió una notoriedad nacional e internacional imparable.
Ahora ya se admitió que oficialmente 21 de los 22 muertos habrían sido ejecutados, uno a uno. Tanto Aministía Internacional como Human Rights Watch reaccionaron de inmediato condenando lo ocurrido y criticando el papel del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, quien se plegó originalmente a la versión oficial de los hechos.
Sedena informó que ya están en arresto 1 oficial y 7 soldados por los sucesos del 30 de junio.
Tratando de minimizar, una vez más, la segunda gran masacre en Tlatlaya que se conoce públicamente, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, afirmó en la Cámara de Diputados que los hechos fueron una acción “aislada”, una “excepción” a la actuación del Ejército.
“No está desgastado nuestro Ejército y tampoco este evento (Tlatlaya) lo podrá desgastar, porque es mucho más que lo que pudiera suceder o resultar de la investigación de la PGR”, afirmó Osorio Chong.
Lo único que no han querido admitir es que el caso Tlatlaya es el resultado directo de haber sacado a los militares de sus cuarteles para enfrentar al crimen organizado.
La pesadilla apenas inicia.