Los ciudadanos y ciudadanas firmantes del presente posicionamiento queremos expresar a las autoridades electorales federales y estatales, a las autoridades representantes de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal de todo el país, y a la opinión pública, las siguientes consideraciones:
Uno. Nuestro país se encuentra en estado de emergencia y desastre nacional, a causa de la imposición de una economía parasitaria y estancada; por propiciar la degradación humana evidente en muchos rincones del país, y por si fuera poco por una guerra declarada por el titular del ejecutivo, no para controlar y combatir al crimen organizado, cuya violencia se sigue multiplicando con su estela de dolor y sufrimiento, sino para proteger intereses de empresas monopólicas y de conformidad con el gobierno norteamericano y su política guerrerista. El resultado de esta estrategia de guerra es la catástrofe humanitaria en que se ha hundido al país.
Dos. El proceso electoral en curso representa la posibilidad de un cambio por la vía institucional de las políticas que han comprometido la paz y tranquilidad, la soberanía, la justicia y el bienestar de la población. Es claro que la legalidad y la legitimidad de dicho proceso va a depender del respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en el sufragio. Y los responsables de que así suceda son el gobierno federal y los estatales, las autoridades electorales, y también los poderes fácticos. De no resultar así, tal vez esta sea la última oportunidad para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en un clima de paz social
Tres. En nuestra historia reciente el fraude y la imposición han puesto en riesgo la estabilidad política y social. Dan cuenta de ello las elecciones para presidente de 1988 y del 2006, así como una cantidad importante de elecciones municipales y estatales, en donde los gobiernos y los intereses particulares creados, han impuesto candidatos que no ganaron limpiamente. Y no solo en las urnas no se respeta el sufragio. La utilización de recursos públicos o los de origen ilegal proveniente del crimen organizado, o los gastos por encima de los topes de campaña, han estado presentes en numerosos procesos electorales. A ello también se suma la denigrante práctica de la compra de votos, que lucra con la pobreza; la compra de autoridades; la parcialidad, la incapacidad y la arbitrariedad de órganos electorales; amenazas e intimidaciones sobre votantes y candidatos e incluso la represión y la muerte; la injerencia ilegal e inmoral de los medios de comunicación y de los poderes fácticos, a las que hoy, podrían añadirse otras formas más refinadas para burlar la voluntad popular y la legalidad, como los duplicados de boletas electorales, incluso foliadas, el número de casillas a instalar en zonas rurales y las casillas especiales sin justificación. Nos preocupa igualmente el papel de algunas empresas encuestadoras, que tienen la función de influir en el estado de ánimo del electorado, con tendencias a favorecer a algunos de los candidatos.
Cuatro. La irrupción del movimiento estudiantil y juvenil “#Yosoy132” ha puesto de manifiesto en esta coyuntura la grave decisión del monopolio televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República. Detrás de ello está la intención de garantizar la permanencia de su control mediático sobre la sociedad, así como la de resguardar los privilegios de las minorías que detentan el poder político y económico. La autoridad electoral tiene el deber y la gran responsabilidad de garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, objetividad y legitimidad de los comicios. Pero advertimos, con preocupación la presencia de prácticas utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del derecho al sufragio efectivo.
Quinto. Confiamos en que las distintas autoridades y los poderes fácticos respeten a cabalidad la voluntad popular de los mexicanos, haciendo valer el voto. Deseamos unas elecciones limpias y justas, que le den incuestionable legalidad y legitimidad al proceso y a quien resulte triunfador. Para todos debe estar claro que, ante el clima de violencia, de inseguridad, de desesperanza, nada agravaría más ésta situación, que el intento de imponer a alguien por el camino del fraude.
Queremos dejar en claro a todas las autoridades que si pretenden fraguar un fraude, tendrán como respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia en contra de tal propósito. Lo haremos, no tengan duda, de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular, expresada en el sufragio. Este es nuestro deber y así lo consideramos los firmantes de este Manifiesto, ciudadanos libres y comprometidos con la justicia, la paz, la dignidad y con nuestra patria.
Igualmente, nos sumamos a la consideración de que, independientemente de la posición que tome la ciudadanía en cuanto a su manera de participar, es de la mayor importancia para el país el que todos los ciudadanos y funcionarios no sólo impidan todo género de trampas, sino que en cualquier circunstancia respeten la legalidad, y ellos mismos no la rompan en nombre de ella.
Convocamos a mujeres y hombres de todas las edades y sin distinción de creencias ideológicas o religiosas, de todas las condiciones sociales y de las distintas filiaciones políticas, a participar activamente en defensa de la legalidad y de la paz en el proceso electoral.
Para analizar retos y escenarios desde nuestros movimientos, les invitamos a reunirnos en un espacio unitario el próximo sábado 23 de junio a las 09:00Hrs., en la Universidad Obrera de México ubicada en la calle de San Ildefonso No. 72, Col. Centro, en una ASAMBLEA POR LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL, y el sábado 14 de julio para hacer la evaluación del proceso y acordar nuestras siguientes acciones. A la brevedad mandaremos propuesta de lugares.
México DF, 21 de junio de 2012
Firman
Mons Raúl Vera, Pablo González Casanova, Javier Sicilia, Carlos Morfín Otero SJ, Gonzalo Ituarte OP, Martín Esparza, Miguel Concha Malo, Gral. B.R. Samuel Lara Villa, Jesús Ramírez Cuevas, Andrés Barreda Marín, Ignacio Del Valle, Jorge Cázares, Magdalena Gómez, Elena Azaola, Julieta Egurrola, Trinidad Ramírez, Luis De Tavira, Daniel Giménez Cacho, Jorge Fernández Souza, José Luis Piñeiro, Sergio Aguayo Quezada, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio, Rosario Ibarra de Piedra, Víctor Quintana, Miguel Álvarez Gándara, Marcos Tello, Mario Saucedo, David Fernández Dávalos, Enrique González Ruiz, José Rosario Marroquín Maricarmen Montes, Dolores González Saravia, Ilse Salas, Sophie Alexander Katz, María González, Sergio Cobo, Alicia Castellanos Guerrero, Armando Bartra, Gral. Francisco Gallardo, Enrique Semo, Ana Esther Ceceña, y 459 firmas individuales, más 82 firmas de organizaciones nacionales (sindicales, campesinas, cooperativas, civiles), 89 firmas de organizaciones estatales, pertenecientes a 27 entidades federativas.
