Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina es investigada por su supuesto papel de jefa de una asociación ilícita. El juez pedirá su desafuero
Regeneración, 20 de diciembre de 2018. En uno de los fallos más esperados por el mundo político y empresarial, la Cámara Federal de Argentina confirmó este jueves los procesamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta como presuntos líderes de una asociación ilícita.
Lo anterior es parte de una investigación llamada “de los cuadernos“, que investiga el supuesto pago de sobornos por empresarios al anterior gobierno argentino, con la expresidenta Kirchner a la cabeza.
Según la acusación, esta supuesta asociación delictuosa funcionó detrás de los negocios de Planificación.
En la lista de organizadores también se incluyó al ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner.
El Clarín informó que la expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.
Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de la ex Presidenta.
En una resolución de 89 hojas que publicó Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de Sala I de la Cámara Federal, resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados también como miembros.
Entre estos empresarios está Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona.
Al único empresario que consideraron miembro fue a Gerardo Ferreyra, quien permanecerá detenido.
El resto de los empresarios que están en la cárcel o en prisión domiciliaria quedan en libertad.
“Electroingeniería S.A. habría sido el motor de las rutinarias y cuantiosas entregas de dinero que quedaron reflejadas en las anotaciones de Centeno. Pero ellas poseen un ingrediente especial (…) El dinero que, vía aquella compañía, era girado por Gerardo Ferreyra no puede ser leído bajo la sencilla visión de un retorno por un contrato, sino como el puente que enlazaría la asociación ilícita con cuanto canal pudiera habilitarse para la obtención de fondos”, se señaló.
El Tribunal también confirmó el embargo de mil 500 millones de pesos argentinos para Cristina Kirchner, por encontrarla como responsable y coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas, como se conoce en Argentina a los sobornos).
Para justificar el pedido de prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto Kirchner como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y que la ex presidenta “podría entorpecer” la investigación.
Cuando firmó el procesamiento de la ex Presidenta, el juez determinó que el hecho de que Kirchner no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara, Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.
La resolución a la que accedió Clarín, explica que existió una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal”, los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.