En su insaciable voracidad, la oligarquía planea repartirse el territorio nacional con sus socios extranjeros.
A propuesta de Calderón, los legisladores del PRI y del PAN quieren votar una ley asociaciones público-privadas, con lo cual se legaliza el traslado de las responsabilidades del Estado a empresas privadas, hasta por 50 años.
De aprobarse esa ley, se permitiría la privatización de actividades estratégicas como la generación de electricidad, la explotación petrolera, el manejo del agua, la educación, la salud o, incluso, la seguridad pública, la construcción y el manejo de cárceles. Sólo falta que quieran privatizar la Presidencia de la República.
Todavía seguimos pagando el Fobaproa y los rescates de las carreteras, puertos, aeropuertos, bancos, ferrocarriles, aerolíneas, minas, y ya quieren apropiarse de los demás recursos naturales y bienes de la nación. No permitamos más despojos.