-Carta conjunta abierta de organizaciones internacionales a las autoridades mexicanas piden garantías para familiares, defensa y de investigación de la verdad
Regeneración, 19 de marzo del 2015. El Centro de Derechos de La Montaña, Tlachinollan dio a conocer una carta de importantes organizaciones defensoras de derechos como WOLA, quienes emitieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su preocupación por la integridad tanto de los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa como sus defensores.
La carta dirigida al, Secretario de Gobernación, Secretario de Relaciones Exteriores, la Procuradora General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Seguridad así como el Gobernador del Estado de Guerrero.
“Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes informes según los cuales miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como otras organizaciones de derechos humanos y familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, continúan sufriendo incidentes de seguridad que ponen en riesgo su integridad física y emocional”.
Firman entre otros grupos: Organizaciones como Action de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture – ACAT France, Front Line Defenders , la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (German Network for Human Rights) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
En la carta conjunta se precisan los siguientes hechos:
Difamaciones
En febrero 2015, varios artículos difamatorios fueron publicados en el periódico El Financiero que desacreditan el trabajo del CDHM Tlachinollan y de otras personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil en el estado de Guerrero .
Si bien estos últimos artículos van en contra de un número amplio de organizaciones de la sociedad civil, no es la primera vez que, tanto Tlachinollan como otros colectivos que acompañan las familias de los estudiantes desaparecidos, son el blanco de difamaciones. El 10 de diciembre 2014, el Secretario de la Marina Vidal Francisco Soberón afirmó en una entrevista pública que las organizaciones que acompañan a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa los manipulan, lucran con ellos y buscan alcanzar objetivos personales Igualmente, en noviembre 2014, el CDHM Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón reportaron ser el blanco de difamaciones públicas por parte de autoridades del Estado de Guerrero
El 8 de diciembre de 2014, el periódico digital Reporte Índigo publicó un artículo basado en información supuestamente filtrada del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que vincula a dos integrantes del CDHM Tlachinollan con “grupos subversivos” del Estado de Guerrero
Cabe destacar que los últimos artículos publicados en febrero 2015 también hacen referencia a “documentos oficiales” o información del CISEN y relacionan las personas defensoras a grupos guerrilleros o movimientos subversivos.
Estas alegaciones sugerirían que recursos federales están siendo usados para investigar a personas defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero.
Agresiones
El 12 de enero 2015, la Policía Militar habría presuntamente atacado algunos de los familiares y cercanos de los 43 estudiantes desaparecidos que se encontraban manifestando en frente del cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala
Asimismo, el 14 de diciembre 2014, familiares y estudiantes habrían supuestamente sido atacados por cinco elementos de la Policía Federal que se encontraban en estado de ebriedad mientras preparaban el concierto “Luz en la Oscuridad
En febrero 2015, durante una gira de cabildeo por Ginebra y Bruselas, dos de los padres de los estudiantes desaparecidos también reportaron ser víctimas de constante vigilancia e intimidaciones por parte de diferentes cuerpos de seguridad gubernamentales durante sus marchas y protestas. De acuerdo con varias organizaciones de la sociedad civil mexicana, estos hechos son parte de un contexto más amplio caracterizado por mayores restricciones al derecho a la protesta y la libertad de expresión en México
Precedentes y contexto
El abogado del CDHM Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, tuvo que abandonar el país temporalmente en el 2012 tras recibir amenazas ligadas a la defensa de estudiantes de la misma Normal Rural de Ayotzinapa.
Debido a su nivel de riesgo extraordinario, el abogado Rosales Sierra cuenta con Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Diversas organizaciones y expertos internacionales han reconocido las condiciones adversas en las que las personas defensoras de los derechos humanos llevan a cabo su trabajo en Guerrero y los diversos obstáculos que enfrentan.
Según la Red Nacional de Organizaciones de derechos umanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TdT) entre 2011 y 2013, 10 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en Guerrero y 21 sufrieron agresiones o amenazas de muerte
De hecho, el 13 de febrero 2015, otra activista fue asesinada
En febrero 2015, el Comité sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales resultado del primer proceso de revisión de México, subraya los numerosos casos y reportes que ha recibido de amenazas y ataques contra familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de los derechos humanos que trabajan esta temática
De manera más general y tal como lo reconoce la ONU, las personas defensoras de los derechos humanos en México trabajan en un persistente clima de violencia, hostilidad e inseguridad
Organizaciones locales de derechos humanos reportan que el número de casos de agresiones contra personas defensoras ha doblado a lo largo de los últimos cuatro años
La impunidad prevalece en más del 95% de estos casos
Las organizaciones firmantes creemos que los ejemplos de difamación, vigilancia y agresiones anteriormente mencionados ponen en aún más riesgo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y las personas defensoras de derechos humanos de las antes-mencionadas organizaciones y obstaculizan su legítima labor. Además, la estigmatización y criminalización de las personas defensoras, líderes sociales y comunidad estudiantil es profundamente problemática ya que permite la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero, y en particular, contra la comunidad estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Sin una investigación minuciosa y exhaustiva de los eventos ocurridos la noche del 26 a 27 de septiembre en Iguala y el enjuiciamiento de los actores materiales e intelectuales responsables de estos incidentes, la seguridad y protección de las personas que luchan por la justicia en este caso seguirá siendo fuente de preocupación.
Llamamos por ende al Estado Mexicano a:
- Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Vidulfo Rosales Sierra y los miembros del CDHM Tlachinollan así como de las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, con el fin de que puedan continuar su lucha por la justicia y contra la impunidad. Además, instamos a que la integridad física y emocional de las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la protesta en este contexto sean garantizadas.
- Seguir investigando los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala; establecer con pruebas concluyentes y científicas el paradero de los estudiantes desaparecidos así como establecer la cadena de mando y presunta participación de autoridades de los tres niveles de gobierno en estos incidentes.
- Facilitar el trabajo de los expertos independientes internacionales que trabajan en el caso, incluidos el Equipo de Expertos Forense Argentino y el grupo de expertos nombrado por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos.
- Garantizar la protección de todas las personas defensoras de los Derechos Humanos, emitiendo declaraciones públicas que reconozcan su legitimidad, sancionando todas las agresiones en su contra, implementando medidas de protección adecuadas para las víctimas e implementando de forma efectiva la Ley para la Protección d Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Otras de las organizaciones adherentes a este comunicado son:
-International Service for Human Rights (ISHR)
-Jass – Just Associates
-Latin America Working Group Education Fund
-Mexico EU international Cooperation Observatory
-Foro México Suiza (Mexico Forum Schweiz)
-Peace Brigades International (PBI) – Mexico
-Protection International
-Washington Office on Latin America (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos