La información de gastos de viáticos, alimentos, vehículos adquiridos y otros fueron reservados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para “seguridad de los ministros”
Regeneración, 18 de julio de 2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó los datos de gastos, contratos, facturas por alimentos, viáticos y vehículos adquiridos, así como la realización de estudios y procedimientos internos o asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas, durante cinco años.
De acuerdo con información de Excélsior, los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país mantendrán en secreto la información de sus gastos entre 2015 y 2018.
El periódico deduce lo anterior por la declinación de 162 solicitudes de transparencia, entre las que está el detalle de los gastos de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros de la Corte.
La Suprema Corte argumentó que los datos fueron clasificados por cinco años porque “al permitir establecer indicadores de costumbres se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.
Se espera que después de esos cinco años, el periodo de los ministros haya concluido.
La discrecionalidad en los gastos de la Corte no es nueva desde 2016, una serie de contratos emitidos por la Dirección General de Recursos Materiales dela Corte fueron clasificados por cinco años a partir de enero de 2017. La documentación reservada tiene “relación directa con la infraestructura y servicios de la Firma Electrónica de SCJN, poniendo en riesgo los datos personales de las personas a las que se les asignó dicha firma”.
“La divulgación de la referida información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo, tanto a la seguridad nacional como al interés público, en tanto que a partir de su conocimiento público es posible afectar las estrategias para garantizar la seguridad de los titulares de la SCJN y, por ende, la estabilidad de la institución a la que corresponden las funciones de órgano de cierre del Sistema de Administración de Justicia del Estado Mexicano”, se argumentó.
Vía Excélsior