Suprema Corte pagó 8 millones por tres cursos de inglés

Ministro Luis M. Aguilar con dinero de la Corte pagó un millón por curso de un dia. Otro de casi 6 millones. Públicamente la escuela tiene precios más bajos

Suprema Corte pagó 8 millones por 3 cursos de inglés

Regeneración, 8 de septiembre de 2022. Entre 2017 y 2018 es decir durante un año, en la gestión del ministro Luis María Aguilar Morales la Suprema Corte contrató a una escuela de inglés de Polanco y le pagó más de 8 millones de pesos por impartir tres cursos de inglés.

Esto relató Ricardo Sevilla en Sin Censura y presentó los contratos realizados por la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte.

Corte

Así la Asociación Civil British Council recibió de la Corte 1 millón 121 mil 906 pesos por proveer de un curso que duró solo UN día hábil.

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Lo anterior conformé reveló el portal.

Por otra parte, en febrero de 2018 la Suprema Corte de justicia dio un contrato adicional a esta misma empresa a British Council.

Sin embargo, ahora, por 5 millones 927 mil 40 pesos, relató

Asimismo dijo que se trata de un contrato de 25 fojas, donde se precisa que cobró 1 mil 323 pesos por hora + iva, esto a un total de 35 grupos.

Sin embargo, en la página oficial de British Council los precios actuales están muy debajo de los que la Suprema Corte pago la escuela en 2017.

Lo anterior porque en 2022 la escuela maneja tres precios: el platinum que vale 200 pesos, el gold a 243 pesos y el el silver a 298 pesos.

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Y, ello muestra que la Suprema Corte pagó mil 300 pesos más por hora de clase.

Por otra parte, se destaca que en agosto de 2018, British Council recibió un contrato por un millón 104 mil 700 pesos por un curso de tres meses.

Extranjera

Seguidamente se indica que la British Council es una empresa británica cuya oficina se encuentra en la exclusiva zona de Polanco en la calle de Lope de Vega 316, Chapultepec Morales.

Ademas se indica que el ministro Luis María Aguilar Morales fue magistrado repuesto por Felipe Calderón y quien asumió el retirado proyecto contra la prisión preventiva oficiosa