UIF bloquea cuentas Juan Carlos Cuervo Escalona, ex funcionario del INE

Este 17 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Juan Carlos Cuervo Escalona, ex director de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida fue tomada luego de que la dependencia identificara tanto movimientos bancarios como operaciones en efectivo relacionadas con las empresas de los hermanos Hernández Casillas, quienes son investigados por un posible desvío de más de 2,740 millones de pesos.

Vínculos con empresas proveedoras y movimientos financieros

Cuervo Escalona habría mantenido relaciones financieras con Corporativo ZEG, Cajas Graf y Litoformas, empresas de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Entre las operaciones documentadas se encuentran transferencias bancarias a una cuenta personal del ex funcionario, justificadas bajo conceptos de viáticos y préstamos. 

Asimismo, se reportan transferencias por 3 millones de pesos mediante Cecoban, depósitos en efectivo por 1.7 millones de pesos y la adquisición de un departamento por 1.95 millones de pesos, pagado al contado.

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Otro de los elementos señalados en las investigaciones es que, el 1 de junio de 2023, Corporativo ZEG habría nombrado a Cuervo Escalona como su apoderado legal, cuando todavía se desempeñaba como director de Coordinación y Análisis del INE.

El ex funcionario ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) a mediados de la década de 2000, durante la gestión de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del órgano.

Más tarde, en el período de Lorenzo Córdova al frente del INE, ascendió a la Dirección de Coordinación y Análisis, desde donde participó en áreas técnicas relacionadas con la regulación y estandarización de materiales electorales.

Investigación alcanza a más personas y empresas vinculadas con el INE

El pasado 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda incorporó a 40 personas y empresas (25 físicas y 15 morales) a la Lista de Personas Bloqueadas; ese mismo día, la dependencia también informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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La controversia, de igual manera, motivó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual anunció una revisión de las adjudicaciones realizadas por el INE y los organismos públicos locales electorales entre 2000 y 2025.

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