El dinero de los Panama Papers debe acreditarse que fue obtenido de forma legal, “de no comprobarse o no investigarse el origen de los recursos”, Luis Videgaray sería cómplice de los delitos, denunció Juan Romero Tenorio diputado de Morena.
Por: Tulix Covarrubias.
Regeneración, 05 de abril 2016.- El escándalo internacional desatado por la filtración de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, puso al descubierto a personajes de todo el mundo que han transferido parte de sus fortunas a paraísos fiscales.
En el caso de México, nombres conocidos fueron ligados al despacho panameño, siendo uno de los casos más emblemáticos el del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú dueño del Grupo Higa, “donador” de la lujosa casa blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, además de “vendedor” de la residencia en un resort de golf en Malinalco, Estado de México a Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Además de Hinojosa Cantú, también están implicados en los llamados #PanamaPapers, el empresario dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, la actriz Edith González, el narcotraficante Rafael Caro Quintero y el hijo del candidato de la coalición PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.
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Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que “no es ilegal tener dinero en paraísos fiscales”, que lo ilegal es si ese dinero generó dividendos y no se pagaron los impuestos correspondientes.
El funcionario aseguró que los mexicanos envían su dinero al extranjero por tres motivos: “uno es por protección de sus activos; por confidencialidad de sus datos; y otro, que si es una gravedad, es por evasión fiscal”. “Veamos en cual de estos tres supuestos se ubicaron quienes están en la lista”, añadió
Al respecto, Juan Romero Tenorio, diputado federal de Morena dijo que con la información disponible, “el caso se orienta hacia la evasión fiscal porque cualquier ingreso obtenido de dinero en el extranjero debe ser reportado al Estado. Es decir, si se obtienen ganancias en un paraíso fiscal tiene que verse reflejado en la declaración de impuestos, así sean por un peso”.
Consultado por Regeneración, el diputado Romero, secretario de la Comisión de Hacienda, apuntó que el dinero mencionado debió ser reportado ante el SAT y la Secretaría de Hacienda. Pero la dependencia “ha reconocido que no tiene control sobre los datos revelados a través de la investigación conjunta de los documentos filtrados de Mossack Fonseca”, aclaró el legislador de oposición.
Es responsabilidad de Hacienda investigar la posible evasión fiscal y fincar responsabilidades, “de no hacerlo la Procuraduría no investigará ni entrará en el caso”, precisa Romero Tenorio.
El secretario de Hacienda “no puede decir que es un tema únicamente legal, ya que existe la presunción de que estos fondos económicos pueden ser de procedencia ilegal y en función de transparencia, se debe acreditar que este dinero fue obtenido de forma legal, de no poderse comprobar o no investigarse, Luis Videgaray estaría actuando en complicidad”, acotó Romero Tenorio.
Explicó que el Código Penal Federal en su artículo 400 Bis contempla de 5 a 15 años de prisión y del mil a 5 mil días de multa a cualquier persona que administre, posea convierta o transfiera dinero dentro o fuera del territorio nacional producto de una actividad ilícita, e incluso, si oculta o encubre el origen y destino de derechos o bienes que procedan de alguna actividad ilegal, entendiéndose actividad ilícita todos aquellos recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con indicios fundados o certeza que provengan de algún delito o cuya legítima procedencia no pueda ser acreditada.
“Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulos, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos” contempla el artículo del Código Penal Federal.
Cuestionado en relación a Juan Armando Hinojosa Cantú dueño de Grupo Higa cuyo nombre aparece en los #PanamaPapers, señaló que en ese caso podría hablarse de conflicto de interés, ya que el año pasado una investigación periodística puso al descubierto la relación entre Grupo Higa y el secretario de Hacienda, por lo cual, tendría que trasladarse el caso a la Secretaría de la Función Pública.
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Sin embargo, recordemos que en agosto del año pasado y pese a los 22 contratos existentes entre Grupo Higa y el gobierno federal y sin importar que esta empresa “vendió” la casa blanca a Angélica Rivera, la Secretaría de la Función Pública al mando de Virgilio Andrade, aseguró que no existía conflicto de interés por parte de Enrique Peña Nieto ya que no se demostró ninguna “materialización de beneficios”.
Respecto a las acciones que emprenderá el Grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, el legislador reiteró que solicitarán la creación de una Comisión investigadora que dé seguimiento al caso de Grupo Higa como lo informó la líder de la bancada Rocío Nahle.
No obstante, refirió que dicha iniciativa deberá ser cabildeada dentro de la Cámara pues se necesitan 125 firmas para continuar con el proyecto, por lo cual, se deberá acordar respecto al tema con los demás diputados.
Recordó que ante la denuncia de lavado de dinero por parte de Bancos, las medidas no pasaron de multas y estuvieron acompañadas de sigilo y carpetazo al tema, por lo cual, reiteró la importancia de que Luis Videgaray acredite ante la opinión pública la naturaleza y origen del dinero relacionado con los Papeles de Panamá y le exigió que no se vuelva cómplice ni encubridor.
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Hasta el momento, el SAT informó que se cotejará la información publicada por los medios con los registros, las investigaciones podrían tardar hasta 2 años, mientras tanto, ofreció una salida a quienes mantienen recursos en el extranjero y que no han reportado para evitar ser investigados, esto, a través del programa de retorno de inversiones.
Uno de los principales beneficios de este programa es que si se dan por cumplidas las obligaciones fiscales no se generan multas ni recargos adicionales a las sanciones, por lo que podrán evitar pagar una tasa de entre el 30 y el 35 por ciento, una actualización del recargo sobre esa cantidad no pagada y la multa de casi 100% de la misma.
Sólo en los casos en los que se acredite la comisión de un delito fiscal, podrán ser castigados con prisión por tiempos que van desde los tres meses y hasta los nueve años.