El IMSS canceló contratos vigentes a filiales de Grupo Salinas por compartir datos confidenciales sin autorización
Regeneración, 24 de agosto de 2026.– El Instituto Mexicano del Seguro Social determinó cancelar definitivamente dos contratos comerciales vigentes.
La medida sancionatoria afecta de forma directa a firmas vinculadas al conglomerado corporativo de Grupo Salinas.
El procedimiento formal se originó al detectar irregularidades en el tratamiento de información confidencial de proveedores.
Las investigaciones confirmaron que las empresas entregaron bases de datos institucionales a un tercero sin autorización.
Por consiguiente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó la conclusión anticipada del instrumento jurídico.
Las empresas sancionadas debían operar el registro oficial de proveedores bajo estrictos protocolos de seguridad.
Sin embargo, transfirieron datos personales a la firma UPAX GS para realizar verificaciones domiciliarias.
Este traspaso de información requería el consentimiento explícito del instituto, requisito que omitieron totalmente.
Inician investigación de oficio para deslindar responsabilidades legales
Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó detallar el caso durante la conferencia matutina.
La titular de la dependencia reguladora, Raquel Buenrostro, coordinó las acciones de revisión técnica e institucional.
El proceso administrativo de cancelación comenzó en julio para salvaguardar los archivos digitales del programa público.
Las autoridades fijaron plazos obligatorios para la devolución y borrado seguro de la información bajo control privado.
De manera simultánea, el Órgano Interno de Control abrió un expediente de investigación para deslindar posibles faltas.
Las indagatorias buscan determinar si existieron omisiones por parte de servidores públicos administradores del contrato.
La revisión técnica abarcará también las infracciones cometidas por las empresas particulares involucradas.
“Los proveedores deberán abstenerse de transferir, comunicar, difundir o permitir el acceso de terceros a la información”, precisó la Secretaría.
Exigen restitución de bases de datos y borrado de información
En este contexto, las empresas prestadoras de servicio quedan obligadas a entregar toda la documentación técnica recopilada.
Los componentes tecnológicos y las plataformas digitales deben retornar al control exclusivo del órgano de seguridad social.
Una vez validada la migración, los proveedores aplicarán la destrucción definitiva de los registros almacenados en sus servidores.
El procedimiento de resguardo digital garantiza que ningún usuario externo mantenga acceso a la infraestructura.
Finalmente, el Gobierno federal ratificó su compromiso de sancionar el uso indebido de datos en compras públicas.
Las dependencias oficiales supervisarán que los servicios subcontratados cumplan con los estándares legales de privacidad vigentes.
La rescisión administrativa concluyó formalmente en los plazos previstos para evitar afectaciones operativas adicionales.
Las instituciones mantendrán la vigilancia sancionatoria sobre los entes privados contratados por el Estado.
