Congreso de Sinaloa tipificó el reclutamiento de menores como delito autónomo con penas de hasta 30 años de prisión y medidas de protección
Regeneración, 10 de septiembre de 2026.– El Congreso de Sinaloa aprobó tipificar el reclutamiento forzado de menores como un delito autónomo en la entidad.
La reforma sancionará la cooptación de personas menores de edad para actividades delictivas dentro del Código Penal.
Las autoridades fijaron una pena base de 10 a 20 años de prisión para quienes ejecuten estas conductas.
Las sanciones económicas asociadas oscilarán entre 800 y 600 días en la Unidad de Medida y Actualización.
Por su parte, las condenas podrán incrementarse considerablemente cuando se registren agravantes por violencia física o psicológica.
La pena aumentará hasta los 30 años si el responsable es familiar, tutor o ejerce abuso de poder.
Asimismo, la legislación contempla el incremento de castigos cuando el imputado sea un funcionario de la administración pública.
El marco regulatorio protegerá a las víctimas en situación de abandono, migración, orfandad o desplazamiento forzado.
Reconocimiento como víctimas y marco de protección
La modificación legal reconoce plenamente a los infantes afectados como víctimas de la delincuencia organizada en la entidad.
El texto legal enfatiza que «la respuesta institucional debe considerar la violencia» ejercida sobre la población infantil.
La enmienda busca evitar la criminalización de los jóvenes instrumentalizados por los grupos armados que operan regionalmente.
El criterio judicial de las sentencias se fundamentará en el principio del interés superior de la niñez.
En tanto, las adiciones normativas obligarán a las autoridades a establecer protocolos de atención especializada e integral.
Los tres niveles de gobierno implementarán políticas enfocadas en la prevención, rescate y reparación del daño causado.
Las instituciones desarrollarán esquemas de rehabilitación para garantizar la reintegración social efectiva de los afectados.
El modelo preventivo buscará frenar la captación en los municipios mediante un abordaje social y comunitario.
Diagnóstico del problema y consenso legislativo
La iniciativa aprobada acumuló un amplio consenso entre las fuerzas políticas mediante cuatro propuestas presentadas de forma independiente.
Durante el debate, las comisiones advirtieron sobre el severo aumento de menores internados por delitos graves en Sinaloa.
Los datos expuestos mostraron que el registro pasó de cuatro adolescentes en 2024 a 96 para diciembre de 2025.
Los jóvenes privados de la libertad realizaban labores ilegales como vigilancia, narcomenudeo o las denominadas tareas de halconeo.
Finalmente, el pleno legislativo avaló por unanimidad la reestructuración jurídica para combatir la impunidad en estos casos.
Las bancadas partidistas respaldaron la urgencia de fortalecer los instrumentos penales frente al crimen organizado local.
Con esta actualización, Sinaloa alinea sus normas locales con los tratados internacionales de protección a la infancia.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor formalmente tras su publicación oficial en el órgano de difusión estatal.
