Bolsonaro en investigaciones por hechos relacionados a organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado
Regeneración, 8 de febrero de 2024. La justicia brasileña exigió este jueves al expresidente Jair Bolsonaro que entregue su pasaporte en un plazo de 24 horas, informó la BBC de Londres.
Y es que el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes emitió la orden en el marco de una amplia operación especial.
Esto, para depurar responsabilidades por un presunto plan de golpe de Estado fallido.
Bolsonaro
Además la Policía Federal de Brasil investiga a una organización acusada de «intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho», indicó en un comunicado.
Asimismo, el portal detalla que la trama se habría desarrollado en los períodos previos y posteriores a las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
Como se sabe dichas acciones culminando en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en enero del año siguiente.
Su fin último, según la policía, era asegurar por medios no democráticos la «permanencia en el poder del entonces presidente de la República”, Jair Bolsonaro.
Así como evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna desde el 1 de enero de 2023.
Dice
Por otra parte, en una entrevista con Folha de S. Paulo, Bolsonaro dijo: «Dejé el gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídenme, ya hay alguien más gobernando el país».
Además de retirarle el pasaporte, las autoridades ordenaron a Bolsonaro no mantener contacto con otras personas investigadas.
Al tiempo que se indica que se trata de sus aliados cercanos, desde exministros a altos cargos militares, que según la policía habrían formado parte de la organización.
Órale
Asimismo, Bajo el nombre Tempus Veritatis, el operativo policial cumplió diligencias en una decena de estados.
E incluso dictó 33 órdenes de allanamiento y 4 mandatos de prisión preventiva, además de imponer a los sospechosos un total de 48 medidas cautelares.
La policía llevó a cabo registros en dependencias de los exministros y generales del ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira.
Y es que ellos formaron parte del gabinete de Bolsonaro entre 2019 y 2022, y del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos.
Integran también el listado Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro.
Así como el exministro de Justicia Anderson Torres, que ya permanecía bajo investigación por el ataque a las instituciones que seguidores del expresidente perpetraron el 8 de enero de 2023.
En relación a este suceso también se investiga al propio Jair Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes a tomar el poder por la fuerza.
Cuatro
Seguidamente, se indica que de las cuatro ordenes de prisión expedidas por la Corte Suprema, tres han concluido con las detenciones de aliados del expresidente.
Los sospechosos se dividieron “en núcleos de actuación” para propagar sospechas de fraude en las elecciones de octubre de 2022.
Así, se acusa a los investigados de diseminar estas sospechas “incluso antes de la celebración de los comicios” y asegura que su fin último era “legitimar una intervención militar”.
Además, su modus operandi habría consistido en crear una narrativa basada en informaciones falsas sobre las urnas electrónicas usadas en los comicios.
Y, mismas que en Brasil se llevan utilizando desde el año 1996 sin incidentes, apunta el portal.
Idea
La idea del falso fraude se propagó mediante la «difusión falaz de vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico, discurso reiterado por los investigados desde 2019 y que persistió incluso después de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de 2022″.
Lo anterior, según las autoridades.
Estas también mencionaron «la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, mediante un golpe de Estado, con el apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible».
Finalmente, el portal dice que los hechos investigados constituyen, en teoría, los delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
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