Un bloque de 25 estados en EE. UU. interpuso una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar sus nuevos aranceles comerciales
Regeneración, 3 de agosto de 2026.– Un bloque conformado por veinticinco estados de la Unión Americana presentó una demanda formal contra el gobierno federal.
La acción legal impugna la reciente imposición de aranceles de dos dígitos a cincuenta y nueve naciones y la Unión Europea.
Las autoridades estatales acusaron que estos gravámenes constituyen un pretexto para sustituir impuestos anulados previamente por el máximo tribunal.
La ofensiva judicial busca proteger la estabilidad económica de las familias y las empresas locales ante estas cargas tributarias.
Asimismo, la representación legal de las entidades federativas arremetió contra las decisiones emitidas recientemente por la Casa Blanca.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, afirmó contundentemente sobre este litigio:
“La administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas”.
Entre las demarcaciones demandantes destacan California, Illinois, Pensilvania, Michigan y Washington.
El frente amplio busca frenar la aplicación de la normativa arancelaria en los tribunales federales correspondientes.
Fundamento legal e impugnaciones a la Sección 301
Para justificar la cobranza internacional, el gobierno invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Las tarifas oscilan entre el diez y el doce punto cinco por ciento bajo el argumento de combatir trabajo forzado.
Dichas restricciones afectarán a países que representan el noventa y nueve por ciento de las importaciones a territorio estadounidense.
Sin embargo, pequeños comerciantes y fiscales estatales sostienen que la Casa Blanca sobrepasó sus facultades estatutarias permitidas.
Por su parte, el Ejecutivo federal defendió la validez jurídica de la estrategia fiscal ante la opinión pública nacional.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró categóricamente en defensa del plan gubernamental:
“Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida”.
A pesar de esta postura, especialistas legales anticipan un litigio complejo sobre la correcta interpretación del estatuto comercial.
La disputa obligará a las autoridades federales a demostrar un expediente público riguroso ante los jueces.
Antecedentes del litigio y disputas judiciales previas
La controversia surge tras la invalidación previa de aranceles dictaminada por la Corte Suprema el pasado febrero.
Aquella resolución judicial histórica obligó al gobierno federal a devolver cuantiosos reembolsos a los importadores afectados.
Posteriormente, la administración aplicó gravámenes temporales mundiales que expiraron formalmente justo a la medianoche del 24 de julio.
La reinstauración de estas tasas busca compensar los ingresos tributarios perdidos durante los meses anteriores.
En este contexto, las impugnaciones señalan que los nuevos impuestos son prácticamente idénticos a las medidas anuladas.
El especialista en derecho comercial Barry Appleton explicó el reto central que enfrentará la defensa institucional del gobierno.
Appleton señaló expresamente sobre la estrategia judicial: “La defensa del gobierno será: Me mantuve dentro de las líneas que trazó el Congreso”.
Los tribunales especializados deberán resolver este conflicto que impacta directamente al comercio internacional global.
