La decisión de la Corte obliga al Congreso a elaborar una ley reglamentaria al párrafo ocho del artículo 134 de la Constitución para regular el gasto de Comunicación social. Ahora, los legisladores a expedir la ley reglamentaria antes del 30 de abril de 2018.
Regeneración, 17 noviembre 2017.- La Administración de Enrique Peña Nieto ha gastado cerca de 2 mil millones de dólares desde 2013 para promoverse, la Suprema Corte de Justicia dio un primer paso para poner freno a este derroche que sangra los presupuestos federales y estatales.
La primera sala del tribunal supremo otorgó un amparo a Artículo XIX, una asociación civil especializada en la libertad de expresión. La organización había promovido un recurso ante los jueces porque considera que el Congreso ha sido omiso al regular este dispendio.
“Esta omisión provoca que las autoridades utilicen los recursos públicos destinados a dicho fin de manera discrecional y opaca y genera medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información al hacer la asignación del recurso para premiar ciertas líneas editoriales complacientes”, afirma el proyecto promovido por el ministro Arturo Zaldívar que fue respaldado. El único juez que votó en contra fue el conservador Jorge Pardo Rebolledo.
La decisión de la Corte obliga al Congreso a elaborar una ley reglamentaria al párrafo ocho del artículo 134 de la Constitución para regular el gasto de Comunicación social. Ahora, los legisladores a expedir la ley reglamentaria antes del 30 de abril de 2018.
El fallo de la primera sala ha sido considerado histórico porque es la primera vez que el Supremo ordena al Congreso expedir una ley por el amparo.
Televisa y Tv Azteca, las principales televisiones de México, fueron las más beneficiadas en 2016 por el dinero de publicidad oficial, de acuerdo con un informe publicado en septiembre por Fundar, un centro de análisis e investigación. Ambas empresas recibieron 3.148 millones de pesos. Los que más gastaron fueron Salud, Desarrollo Social y Educación, con cerca de 6.000 millones de pesos a pesar de los draconianos recortes al gasto.
La investigación de Fundar también arrojó que el gasto en publicidad oficial tiene un sobre ejercicio de casi 72% sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados. Pero esta epidemia no es exclusiva del presidente y su Administración. Los gobiernos de los Estados también se inclinan por este derroche de vanidad y anhelos de control a los medios locales. En 2015 ejercieron 11.895 millones de pesos. Calculan que el monto ejercido en 2016 fue de 9.500 millones de dólares. Todos gastan el doble de lo que presupuestan.
La decisión de la Corte pone el balón en el terreno del poder legislativo. “Este es un primer paso para reconfigurar la relación entre medios y el poder público”, dice Maldonado. Los diputados están obligados a atender el mandato de la Corte. El desacato podría llevar a una eventual destitución y consignación del presidente de la Cámara de Diputados. Los jueces han sumado a los legisladores una nueva obligación a ocho meses de las presidenciales de 2018.
Con información de La Jornada y El País
