Funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia cobraban por agilizar la adopción de pequeños entre 2009 y 2012.
Regeneración, 17 de diciembre de 2017.- Por lo menos 22 menores de edad, fueron traficados por empleados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, en Hermosillo, Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padrés.
De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentaron al menos 22 casos en los que se traficó con niños, entre 2009 y 2015; adopciones ilegales y maltrato físico.
Según la dependencia, las irregularidades y agreaviso, cometidos contra los menores además de involucrar agente del DIF, también participaron agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal, y el IMSS.
Desde el 2015, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, creada para reportar a niños en situación vulnerable y adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fue acusado de cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un pequeño en adopción de manera irregular.
Pero de acuerdo con la CNDH, no se sabe el destino de por lo menos 682 niños, por las imprecisiones del DIF estatal.
Otras garantías vulneradas son a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 niños, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.
También acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, con lo que se violaron los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas.
En lo que corresponde a los servidores públicos del IMSS, la CNDH halló que estos expidieron certificados de nacimiento de 17 menores, “los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas”.
Por ello, la CNDH mandó hacer varias recomendaciones a los servidores públicos señalados: a la gobernadora y al titular del IMSS les ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que fueron víctimas de los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes.
A la gobernadora le pidió que en un término no mayor a tres meses se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de 22 niños sustraídos los 682 que no se sabe su destino final; además de elaborar los planes individualizados de restitución de derechos de 9 pequeños más separados de sus familias biológicas.
Al director del IMSS le demandó colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que inicien la PGR y el Órgano Interno de Control en el IMSS, respectivamente, en contra del servidor público que expidió los certificados de nacimiento de 23 menores con datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas; entre otras.
Al fiscal estatal le solicitó integrar a la brevedad la averiguación previa iniciada con motivo de la suposición, supresión y tráfico de un infante, y se ejerza acción penal en contra de los presuntos responsables.
Y al munícipe de Hermosillo le recomendó colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la instancia competente en el ayuntamiento en contra del servidor público que omitió denunciar y llevar a cabo las diligencias para localizar a una madre biológica, que agredió física y verbalmente a su hijo menor de edad.
Vía Reforma