La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que gran parte del dinero desapareció, e incluso la Sedesol negó la existencia de varios de estos convenios.
Regeneración, 10 de enero de 2018.-Ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres nuevas denuncias formales en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el presunto desvío de casi 540 millones de pesos, durante la administración de 2015 a cargo de Rosario Robles y José Antonio Meade, actual precandidato del PRI a la presidencia.
Parece ser que los recursos fueron desviados a través de convenios con universidades, firmados por el gobierno federal, por diversos servicios, pero estas instituciones educativas subcontrataban a otras empresas para evitar los controles de licitación y transparencia.
Estos bienes y servicios contratados eran de dudosa calidad o inexistentes, un esquema antes utilizado, y del cual reveló detalles Animal Político en el reportaje “La Estafa Maestra”.
En estas nuebvas denuncias están involucradas la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes en conjunto recibieron casi 540 millones de pesos, que al parecer estaban destinados a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.
Los auditores revelaron que gran parte del dinero desapareció, e incluso la SEDESOL negó la existencia de varios de estos convenios, a pesar de que los aprobó y firmó, y de los cuales existen copias que lo comprueban.
En importante señalar que hasta el momento son 19 averiguaciones las que la Procuraduría tiene abiertas por presuntos fraudes y desvíos que siguen ese mismo esquema, pero hasta el momento ninguna se ha resuelto.
Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, cuando José Antonio Meade la relevó y tomó el cargo como secretario de la dependencia hasta el 6 de septiembre de 2016.
Las conclusiones a las que llegaron los auditores cuando verificaron los convenios mencionados, dieron pie a las denuncias interpuestas, todo esto forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS. En seguida se dan a conocer:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
La Secretaría de Desarrollo Social asignó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para aplicar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, el objetivo principal era ubicar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.
Dicha adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.
Cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.
La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.
Al momento que los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.
Por esto la ASF cuestionó a la Sedesol por el cúmulo de irregularidades, a lo que la dependencia respondió que no era de su incumbencia.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS
Respecto a este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.
Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.
De acuerdo con el informe de la Auditoría, se da a conocer como es el modus operandi en estos casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia, argumentando que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.
Cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.
“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.
La Universidad no realizó el servicio sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NEZAHUALCÓYOTL DEL ESTADO DE MÉXICO
Esta institución educativa logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.
El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.
Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.
Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó : “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el repofrrte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.