Xavier Olea Peláez atrajo a su despacho Olea&Olea casos judiciales que trataba en la fiscalía general del estado de Guerrero
Regeneración, 10 de septiembre de 2018. El exfiscal estatal de justicia de Guerrero, Xavier Olea Peláez, poco hizo por resolver la crisis de seguridad de la entidad, pero mucho por beneficiar a s despacho político, al que mandó diversos casos de la dependencia que estaba a su cargo, indicó Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras.
De acuerdo con el texto, el despacho Olea&Olea, presidido por Olea Peláez, se benefició ampliamente durante su periodo como fiscal (entre diciembre de 2015 y abril de 2018), por cobrar “jugosas ganancias a víctimas y acusados que eran presionados u obligados a contratar los servicios de su despacho o de lo contrario enfrentaban acusaciones, juicios largo y hasta casos fabricados”.
Según García Soto, el exfiscal tenía una estrategia para llevar casos “importantes” a la firma que tiene con su hijo Xavier Olea Trueheart, y otros abogados. Pero no sólo eso, la Fiscalía manipulaba investigaciones y expedientes para que siempre ganara el despacho de Olea “a cambio de altas tarifas económicas”.
“Denuncias de víctimas contra el exfiscal que ha gozado de impunidad desde hace cuatro meses que dejó el cargo, han hecho que el gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo, comience a armar expedientes sobre distintos casos donde Olea Peláez pudo incurrir en delitos como tráfico de influencias, contra la administración de la justicia y violaciones graves a procedimientos judiciales y a los derechos de las víctimas, entre otros”, dice el texto.
Uno de los casos irregulares en los que el despacho está involucrado es el de un par de mujeres colombianas quienes murieron en un choque automovilístico luego de que el Ferrari en el que viajaban con un hombre y el chofer, se impactó e incendió.
Reportes indican que el hombre del vehículo, nunca auxilió a las mujeres que se quemaron vivas en el auto, mientras él fue trasladado por sus guardaespaldas a un hospital de Chilpancingo.
“Extrañamente el fiscal nunca investigó al conductor del vehículo —a pesar de versiones de que lo dejaron escapar el día del accidente— y más bien la Fiscalía de Guerrero se apresuró a lograr un acuerdo reparatorio entre las madres de las víctimas y el conductor Iván Bernardo Loria de la Borbolla por 3 millones de pesos”, señala García Soto.
“Otro caso que evidencia el modus operandi del ex fiscal fue el de Eduardo Cepeda Fernández y Miguel Barbosa Machado, acusados desde 2016 por fraude en agravio a BVG World SA, por 2 mil millones de pesos. La Fiscalía de Olea evitó por dos años ejercer la acción penal y contuvo la orden de aprehensión librada contra Cepeda y Barbosa que, casualmente, eran defendidos por “Olea&Olea Abogados”, personalmente por el hijo del fiscal, Olea Trueheart. No fue hasta la salida de Olea Peláez, el 21 de junio, cuando se reactivó el caso y el juzgado penal que libró orden de aprehensión para que de inmediato la Fiscalía pidiera el desistimiento de la acción penal contra los inculpados, cerrando así el negocio de los Olea”.
Encima de beneficiarse económicamente de su puesto, Olea se dedicó a difamar y criminalizar a diversas víctimas durante su gestión, como Pamela Montenegro, conocida como La Nana Pelucas, quien fue asesinada y de quién se dijo, que fue por “divulgar información privilegiada de grupos delictivos”. También está el caso de los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, a quienes se acusó de tener vínculos con diversos grupos delictivos, así como de beber y consumir drogas.
“Hoy todas esas víctimas criminalizadas y esos presuntos culpables protegidos y encubiertos por el ex fiscal, a cambio de pagarle a su despacho de abogados, podrían ser parte de una investigación que ya se tardó contra el ‘fiscal negociante’ que tuvo Guerrero y quien hoy goza de impunidad”, concluyó.