Fiscalía de Bolivia ordenará detención de Evo Morales por caso de trata de personas

La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de trata de personas y estupro, mientras organizaciones sociales amenazan con bloqueos si lo detienen.

La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de trata de personas y estupro, mientras organizaciones sociales amenazan con bloqueos si lo detienen.

RegeneraciónMx, 10 de octubre de 2024. Este jueves, la fiscal Sandra Gutiérrez, de la región de Tarija, Bolivia, anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019).

La decisión se toma en el marco de una investigación por presuntos delitos de trata de personas y estupro; en dicha investigación se le acusa al exmandatario de haber tenido un hijo con una menor de edad que pertenecía al grupo juvenil ‘Generación Evo’, creado durante su mandato.

La Fiscalía citó al exmandatario a declarar, pero Morales, a través de su defensa, presentó una excusa legal; pues argumento que una sentencia constitucional ordena que el caso sea tratado en Cochabamba, su lugar de residencia.

Evo Morales asegura que existe una «persecusión política» en su contra

A pesar de esta solicitud, la fiscal Gutiérrez afirmó que «se ha notificado sin vulneración de derechos», por lo que la orden de aprehensión procederá.

El abogado de Evo Morales, Jorge Pérez, cuestionó el despliegue de más de 600 policías en Tarija, y señaló que no se le garantiza la seguridad necesaria para su cliente.

Pérez sostiene que la sentencia constitucional impide que el expresidente declare en Tarija, e insiste en que el caso debe ser investigado en Cochabamba.

Por su parte, Morales denunció que este proceso es parte de una «persecución política«; además aseguró que más de 200 abogados se ofrecieron para defenderlo.

Las organizaciones sociales afines al exmandatario advirtieron que, si se ejecuta la orden de aprehensión, iniciarán un bloqueo nacional de caminos en señal de protesta.

El caso generó repercusiones políticas a nivel internacional, con el Grupo de Puebla quien manifestó su preocupación por lo que considera una «campaña de lawfare» en contra del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

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