De acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, el costo mensual promedio de una renta en la metrópoli es de 17,267 pesos, una cantidad que supera el ingreso mensual promedio de los hogares capitalinos, estimado en 16,988 pesos.
Frente a esa situación, el gobierno de Clara Brugada ha puesto a disposición del Congreso de la Ciudad de México la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una medida que busca, entre otras cosas, contener los incrementos desproporcionados a los arrendamientos y proteger al inquilino.
Aumentos por encima de la inflación y diferencias territoriales
Según el diagnóstico de la Secretaría de Vivienda capitalina, Miguel Hidalgo encabeza la lista de las alcaldías con los alquileres más elevados, con 44,609 pesos mensuales por departamento, seguida de Cuajimalpa, con 33,561; Cuauhtémoc, con 26,511; Álvaro Obregón, con 24,552; y Benito Juárez, con 23,502 pesos.
Del otro lado del espectro se encuentran Milpa Alta, donde el promedio de renta mensual ronda los 6,032 pesos; Tláhuac, con 6,899; Iztapalapa, con 8,369, y Xochimilco, con 10,275 pesos.
Esta diferencia, por otra parte, se observa también en el precio de venta de los inmuebles. Pese a que el costo promedio de un departamento en la capital es de 3 millones 957 mil pesos, por ejemplo, en Miguel Hidalgo puede llegar a costar hasta 10,390 mil pesos.
Entre julio de 2025 y julio de 2026, según la estimación de las propias inmobiliarias, en concreto de Inmuebles 24, las rentas en la Ciudad de México aumentaron 9.6%, frente a una inflación del sólo 7 3.6%.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda del gobierno de Brugada, señaló que alrededor de dos millones de personas en la capital habitan inmuebles rentados, y en algunas zonas, los alquileres han aumentado entre 100 y 200%.
Gobierno plantea nuevas reglas para el mercado inmobiliario
Frente a este escenario, el 14 de octubre pasado, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de ley en materia de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles ante el Congreso capitalino.
La ley busca, entre otras cosas, mantener los incrementos anuales de los alquileres dentro del límite de la inflación, impedir que los propietarios exijan más de una garantía, establecer contratos escritos con una duración mínima de un año y crear un registro digital obligatorio de los acuerdos de arrendamiento.
También contempla una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, para ofrecer asesoría, mediación y acompañamiento jurídico gratuito, además de un mecanismo institucional de atención ante desalojos.
Cabe resaltar, por otro lado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya avaló el límite a los incrementos anuales de las rentas por encima de la inflación y estableció criterios para que el registro de contratos respete la privacidad de propietarios e inquilinos.
La ampliación de la oferta de vivienda, y así lo reconoce el propio gobierno capitalino, es todavía uno de los principales pendientes para garantizar el acceso a una vivienda digna en la Ciudad de México.
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