* El informe señala impunidad por abusos de militares, sistema penal corrupto, ataques y asesinatos de periodistas, ataques a la libertad de expresión, crímenes contra migrantes, violaciones a derechos universales.
Muchos de los problemas más graves de derechos humanos que se manifestaron en México durante 2010 fueron el resultado de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, así como entre distintos grupos delictivos. Si bien el Ejército mexicano continúa cometiendo graves abusos durante operativos de seguridad pública, los responsables casi nunca responden ante la justicia por sus actos. Cada vez más periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.
Las iniciativas para implementar una reforma integral del sistema de justicia, que abordaría problemas endémicos como las prácticas de tortura en la policía, continuaron avanzando lentamente durante 2010, de modo que aún subsiste un sistema en el cual los abusos son generalizados. A su vez, continúan vigentes graves restricciones al ejercicio de los derechos reproductivos, y el derecho mexicano aún no ofrece garantías adecuadas contra la violencia doméstica y el abuso sexual.
Impunidad por abusos militares
El Presidente Felipe Calderón ha delegado mayormente al Ejército la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha publicado informes detallados sobre 65 casos de abusos perpetrados por el Ejército desde 2007, y ha recibido denuncias sobre más de 1.100 violaciones de derechos humanos ocurridas durante la primera mitad de 2010.
En abril de 2010, Martín y Bryan Almanza, de nueve y cinco años de edad, fueron asesinados cuando el automóvil en el cual se trasladaban fue alcanzado por disparos en Tamaulipas. Otras cinco personas resultaron heridas durante el incidente. El Ejército alegó que se trató de un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes. Sin embargo, una investigación posterior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que los militares habían manipulado la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y que los responsables de estas muertes eran soldados.
Las autoridades militares ejercen habitualmente la jurisdicción militar para investigar y juzgar delitos en los cuales están implicados militares. La gran mayoría de estos casos nunca son juzgados con éxito. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta general de transparencia. Según las autoridades militares, desde 2007 un sólo militar ha sido condenado en la justicia militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el actual sexenio.
En octubre, el Presidente Calderón presentó una propuesta de reforma del Código de Justicia Militar que inscribiría dentro del ámbito de la justicia penal ordinaria los casos de violación sexual, tortura y desaparición forzada, mientras que otras violaciones graves continuarían siendo investigadas y juzgadas dentro del sistema de justicia militar. Si bien la remisión de algunos casos de violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar al fuero penal ordinario representa un paso en la dirección acertada, la reforma propuesta permitiría que abusos graves, como las ejecuciones extrajudiciales, sigan siendo investigados por el sistema de justicia militar, y esto impediría poner fin a la impunidad de la mayoría de los abusos. La reforma también concedería facultades discrecionales a las autoridades militares para clasificar los abusos, pese a que en el pasado han imputado delitos de menor gravedad a los soldados involucrados en hechos graves. Al momento de la redacción del presente documento, la reforma está siendo debatida en el Congreso.
Sistema de justicia penal
El sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violaciones de derechos humanos. Esta falla responde a diversas causas, como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y prácticas abusivas por parte de policías sin ningún tipo de rendición de cuentas.
La tortura continúa siendo un problema generalizado. Uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de pruebas obtenidas mediante torturas u otros malos tratos. Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.
Más del 40 por ciento de los reclusos en México no han recibido nunca una condena por los delitos que se les atribuyen. En lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años. El uso excesivo de la prisión preventiva contribuye a la sobrepoblación de las cárceles, lo cual, a su vez, genera condiciones inhumanas, insalubres y peligrosas. En enero de 2010, 23 presos fueron asesinados durante una riña en una cárcel con sobrepoblación en Durango.
Los internos son objeto de abusos por parte de guardias, y es común que se les deniegue atención médica adecuada, especialmente entre las mujeres. Con frecuencia, los niños son detenidos en condiciones deficientes en delegaciones policiales y otras instituciones.
En junio de 2008, México aprobó una reforma constitucional que sienta las bases para un sistema de justicia penal acusatorio con juicios orales, e incluye medidas que son esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia en la Constitución. El gobierno tiene plazo hasta 2016 para implementar la reforma. Actualmente, sólo unos pocos estados han implementado cambios de fondo.
Además de estos aspectos positivos, la reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo, que permite a los agentes del ministerio público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas que presuntamente han participado en actividades de delincuencia organizada, antes de ser acusadas de un delito. Esta potestad es incompatible con las obligaciones de debido proceso de México conforme al derecho internacional.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2007 y octubre de 2010, fueron asesinados 35 periodistas y otros 8 se encuentran desaparecidos y se presume que no estarían con vida. Las sedes de diversos medios en Sinaloa, Coahuila y otros estados fueron atacadas con explosivos o armas de fuego durante 2010. En julio, un grupo de policías de Veracruz secuestró, robó y golpeó a un periodista que había presenciado un incidente anterior, en el cual otro reportero fue agredido por policías.
Pese a que la cantidad de ataques se ha incrementado, las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente a los responsables ni han brindado medidas de protección a periodistas que están expuestos a graves riesgos, y esto ha propiciado un clima de impunidad y autocensura. En julio de 2010, se amplió el ámbito de jurisdicción y la autonomía de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. Sin embargo, desde entonces no hubo mejoras en el trabajo impulsado por esta fiscalía. En octubre, México anunció su intención de crear un mecanismo de protección para periodistas que reciban amenazas. Si bien se trata de una medida positiva, el sistema aún no había sido creado al momento de la preparación de este documento.
En 2007 se abolió el delito federal de difamación. No obstante, en muchos estados continúan vigentes leyes penales sobre difamación que atentan contra la libertad de expresión.
Tanto la ley federal sobre transparencia y acceso a la información de 2002 como la reforma constitucional de 2007 incrementaron las vías para el escrutinio público del gobierno mexicano. Lamentablemente, los avances logrados en la promoción de la transparencia en el poder ejecutivo federal no se han replicado en los demás sectores del gobierno.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan siendo objeto de persecución y ataques, y las autoridades incumplen sistemáticamente la obligación de brindarles protección adecuada. En Tijuana, por ejemplo, dos defensoras de derechos humanos recibieron amenazas telefónicas y por mensajes de texto entre noviembre de 2009 y mayo de 2010, y eran seguidas constantemente por policías y militares. Una de las defensoras fue abordada por un hombre encapuchado que le advirtió que dejara la ciudad si no quería que ella o sus familiares fueran lastimados, mientras que un carro fue quemado fuera de la vivienda de la otra de las defensoras. Debido a la protección insuficiente que recibieron de las autoridades, debieron abandonar Tijuana.
Migrantes
Cientos de miles de migrantes cruzan México cada año, y muchos de ellos sufren graves abusos durante el camino, como agresiones físicas y sexuales, extorsión y robo. Cerca de 18.000 migrantes son secuestrados cada año, en muchos casos con el objeto de obtener pagos extorsivos de sus familiares en los Estados Unidos. En agosto de 2010, un grupo de 72 migrantes provenientes de América Central y del Sur que habían sido secuestrados fueron ejecutados en masa por pandillas armadas en Tamaulipas.
Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. Son muy pocos los casos en que las autoridades informan a los migrantes sobre sus derechos, como el derecho a pedir asilo, y con frecuencia son las mismas autoridades las responsables de los abusos. El Instituto Nacional de Migración ha despedido a 350 funcionarios desde 2007 -casi el 15 por ciento de su personal- por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como trata de personas. En septiembre de 2010, un grupo de agentes de inmigración golpearon y robaron a 100 migrantes que descendieron de un tren en Oaxaca.
La Ley General del Población autoriza a los funcionarios públicos a exigir que los ciudadanos extranjeros demuestren su situación legal antes de ofrecerles cualquier servicio, como atención médica o recibir sus denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Como resultado, los migrantes que sufren abusos a menudo no denuncian estos delitos por temor a ser deportados. En septiembre de 2010, el Senado aprobó una reforma que exige a todas las autoridades atender los reclamos de personas que sufren abusos, con independencia de su condición de ciudadanía. El Presidente Calderón promulgó la reforma en noviembre.
Reformas de derechos humanos a la Constitución
En abril de 2010, el Senado aprobó una serie de reformas sobre derechos humanos a la Constitución que, entre otros cambios, reivindicarían la relevancia del derecho internacional en México, establecerían las circunstancias en las cuales se puede declarar el estado de emergencia e instaurarían protecciones contra la expulsión arbitraria de extranjeros. La Cámara de Diputados aprobó su propia versión de las reformas en diciembre.
Violencia doméstica, derechos reproductivos y matrimonio entre personas del mismo sexo
El derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la "castidad" de la víctima. El 90 por ciento de las mujeres que han sufrido violaciones de derechos humanos no denuncian estos hechos a las autoridades, y quienes los denuncian generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Esta falta de denuncia frustra la promoción de las reformas legales necesarias y perpetúa la impunidad de la violencia contra mujeres y niñas.
En agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo. Desde entonces, 16 de los 32 estados mexicanos han adoptado reformas que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. En mayo de 2010, la Suprema Corte resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y acceso al aborto a víctimas de violación sexual. No obstante, sólo cinco estados han reformado sus códigos de procedimiento para receptar estos cambios y las medidas de información dirigidas a mujeres y niñas han sido sumamente limitadas.
En agosto de 2010, la Corte Suprema reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo del Distrito Federal a adoptar hijos y contraer matrimonio, y estableció que todos los estados de México deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal.
Actores internacionales clave
Hasta el momento, Estados Unidos ha destinado US$ 1.500 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia de varios años de duración acordado en 2007 y que tiene por objeto ayudar a México a luchar contra el crimen organizado. El 15 por ciento de la ayuda sólo estará disponible una vez que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos informe al Congreso que el gobierno mexicano ha cumplido cuatro requisitos vinculados con los derechos humanos: garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades de la justicia ordinaria investiguen y juzguen a los oficiales de la policía federal y a los militares que violen derechos fundamentales; consultar periódicamente a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida; hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante torturas u otros tratos degradantes; y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.
No obstante, el impacto de estos requisitos se vio debilitado en las dos oportunidades -la última en septiembre de 2010- en que Estados Unidos asignó fondos pese a que existían pruebas de que México no cumplía los compromisos. En una medida positiva, el Departamento de Estado anunció en septiembre que retendría otros US$ 26 millones correspondientes a los fondos de ayuda de Mérida para 2010 hasta que México aprobara las reformas sobre derechos humanos a la Constitución y presentara una propuesta para reformar el sistema de justicia militar.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana determinó que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla-Pacheco en 1974, y que no había investigado adecuadamente este crimen. A través de esta decisión vinculante, ordenó a México que modificara su Código de Justicia Militar para asegurar que "bajo ninguna circunstancia pued[a] operar la jurisdicción militar" en casos en que militares vulneren derechos humanos de civiles. En agosto de 2010, la Corte Interamericana estableció que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002, y ordenó una vez más a México que reformara el Código de Justicia Militar.
Los Relatores Especiales de la OEA y de la ONU para la Libertad de Expresión realizaron una visita conjunta a México en agosto de 2010, y llegaron a la conclusión de que aún existían obstáculos significativos y diversos que limitaban la libre expresión en ese país, incluidos actos de violencia grave contra periodistas e impunidad generalizada. En octubre, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados publicó un informe preliminar posterior a su visita, en el cual denunció, entre otros problemas, la falta de acceso a la justicia de los sectores pobres y "un sistema deficiente en la investigación de los delitos".
En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU efectuó su examen periódico de México. Entre otras recomendaciones, el Comité instó a México a restablecer un fiscalía especial para la investigación de los abusos cometidos durante la "guerra sucia" en ese país y a eliminar la figura del arraigo tanto en las normas como en la práctica.