Por Chase Madar * Quien desee conocer un vivo ejemplo de los métodos de guerra modernos acordes con las leyes de la guerra –ese cuerpo de normas minuciosamente elaborado durante siglos por juristas, humanitarios y militares, un código de reglas que ahora forma parte esencial e institucionalizada de las fuerzas armadas de EE UU y de hecho de todos los ejércitos modernos– debería ver el siguiente vídeo:http://collateralmurder.com/.
Un momento: ¡si es el vídeo de los “asesinatos colaterales” publicado por WikiLeaks! La visión a través de la mira telescópica de un helicóptero Apache que abre fuego desde más de medio kilómetro de distancia sobre una aglomeración de iraquíes –unos cuantos hombres armados, una mayoría de civiles desarmados, incluidos dos empleados de la agencia Reuters– que recorren las calles de un suburbio de Bagdad sin sospechar nada en un día de julio de 2007. Mirad, si podeiss soportarlo, cómo la tripulación del helicóptero dispersa a la gente a tiros, matando al menos a una docena de personas, y tomándose la molestia de rematar a los heridos cuando tratan de arrastrarse a un lugar seguro. (También se puede oír a la tripulación del helicóptero haciendo burla todo el rato.) Cuando llega una furgoneta para atender a los supervivientes, el Apache también abre fuego sobre ella, matando a unos cuantos más e hiriendo a dos niños pequeños.
La matanza grabada en este vídeo, el que más sensación ha causado entre las revelaciones de WikiLeaks, fue ampliamente calificada de atrocidad y condenada en todo el mundo, y muchos entendidos dijeron que se trataba sin duda de un “crimen de guerra”. Pero ¿fue esa masacre de verdad un “crimen de guerra”, o simplemente un acto de guerra normal y corriente? No se trata de un juego de palabras. En efecto, no está nada claro si este hecho, por atroz y terrorífico que sea, violó las leyes de la guerra. Algunos han aducido que la masacre, si fue legal, estaba por tanto justificada y, aunque sin duda desafortunada, no era nada del otro mundo. Pero se puede sacar una conclusión diametralmente opuesta: que la “legalidad” de este acto constituye una denuncia de las leyes de la guerra tal como las conocemos.
La reacción de las organizaciones humanitarias ante el vídeo de la matanza fue muy débil, por decir algo. Las tres grandes organizaciones de derechos humanos –Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y Human Rights First– no reaccionaron con ponencias y duros comunicados de prensa, sino con el silencio. HRW omitió cualquier mención del vídeo en su informe sobre los derechos humanos y crímenes de guerra en Irak, publicado casi un año después de que se divulgara el vídeo. Amnistía tampoco dijo nada. Gabor Rona, director jurídico de Human Rights First, me explicó que no había pruebas suficientes para dilucidar si se habían violado las leyes de la guerra y que su organización no había cursado solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información con vistas a obtener más pruebas sobre el asunto.
Este silencio colectivo, conviene señalarlo, no se debe a que estos grupos humanitarios, que llevan a cabo una labor importante, sean cobardes o estén “vendidos”. La razón es otra: los tres grupos de defensa de los derechos humanos, al igual que la propia doctrina de derechos humanos, se ocupan principalmente de cuestiones de legalidad. Y por muy atroz que fuera el hecho, simplemente no hubo una clara violación de las leyes de la guerra en la que los humanitarios profesionales pudieran apoyarse.
Las organizaciones de derechos humanos no están solas cuando consideran que el hecho es escandaloso, pero conforme con las normas de la guerra. Como explicó el profesor Gary Solis, un destacado experto en la materia, a Scott Horton, del Harper’s Magazine, “me parece improbable que un investigador neutral e imparcial concluyera que el personal del helicóptero había violado las leyes relativas a los conflictos armados. La culpa jurídica no siempre acompaña a la muerte inocente.” Que quede claro que Gary Solis no es un radical neocon; ha enseñado en la London School of Economics y en la Universidad de Georgetown y es autor de un libro de texto que sienta cátedra sobre el tema, y además fue un crítico implacable del Gobierno Bush-Cheney.
La guerra y el Derecho “humanitario” internacional
El “Derecho humanitario internacional” es el eufemismo exagerado con que se suelen designar las leyes de la guerra. El caso es que éstas se ocupan menos de limitar la violencia militar que de autorizarla. Tal como se ha aplicado a las guerras recientes de EE UU, este cuerpo legal resulta milagrosamente acomodaticio con respecto a las prerrogativas de un ejército de ocupación. Hay otro ejemplo reciente de una atrocidad en tiempos de guerra que es perfectamente legal y no constituye un crimen de guerra. Gracias a los documentos revelados por WikiLeaks sobre Irak, ahora tenemos conocimiento de las prácticas de tortura llevadas a cabo comúnmente por carceleros e interrogadores iraquíes durante la invasión y ocupación estadounidense. Contamos con documentos militares de EE UU que demuestran prácticas de tortura sexual, de amputaciones de dedos y extremidades, de palizas tan graves que regularmente causaron la muerte de las víctimas.
Sin duda el hecho de estar presente y tomar notas mientras personas iraquíes que uno ha liberado supuestamente de la tiranía están siendo torturadas, en ocasiones hasta la muerte, constituye una violación de las leyes de la guerra. Después de todo, en 2005 el general Peter Pace, entonces presidente el Estado Mayor Conjunto, contradijo públicamente a su jefe, el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, comentando a micrófono abierto que “todo militar estadounidense tiene absolutamente el deber de detener actos de tortura dondequiera que vean cometerlos.” (Un joven soldado que trabajaba en el servicio de inteligencia del Ejército, Bradley Manning, al enterarse de que un grupo de civiles iraquíes que repartían panfletos que denunciaban la corrupción gubernamental habían sido detenidos por la policía iraquí, planteó sus preocupaciones a su superior sobre la posibilidad de que fueran torturados. Por lo visto le contestaron que cerrara el pico y se pusiera a trabajar para ayudar a las autoridades a encontrar a más detenidos.)
Resultó que la exhortación del general Pace chocaba tanto con la política oficial como con la ley: la “Fragmentary Order 242”, emitida por el Pentágono de Rumsfeld, declaró política oficial que las tropas ocupantes estadounidenses no debían interferirse en prácticas de tortura por parte de las fuerzas iraquíes. Y esto, según algunos expertos, tampoco supone una violación de las leyes de la guerra. Aunque se explayan sobre los límites impuestos a los actos cometidos por combatientes no estatales que no forman parte de ejércitos modernos, los Convenios de Ginebra son notablemente parcos con respecto a las obligaciones de los ejércitos de ocupación. Como me indicó Gary Solis, el artículo nº 1 del IV Convenio de Ginebra solo impone el vago deber de “hacer respetar” a los prisioneros entregados a terceros. Sobre el terreno en Irak o Afganistán, esta expresión supone una obligación carente de significado.
Parte del problema es que las leyes de la guerra que aspiran a limitar la fuerza letal se aplican a menudo sin convicción y se incumplen sistemáticamente. Ethan McCord, el soldado estadounidense que salvó a los dos niños heridos de la furgoneta que sale en el vídeo, recuerda un conjunto de instrucciones que recibió del comandante de su batallón: “Cada vez que vuestro convoy sea blanco de un dispositivo explosivo improvisado, quiero fuego en 360 grados a la redonda. ¡Matad a todo [insulto] que ande por la calle!” (“Esa orden,” me dijo David Glazier, un jurista del Instituto Nacional de Justicia Militar, “es a todas luces un crimen de guerra.”) En otras palabras, las normas de enfrentamiento que se supone obligan a las tropas de ocupación en lugares como Afganistán e Irak se menosprecian e ignoran en muchos casos, según numerosos expertos e investigadores.
Atrocidad legalizada
Incluso si estos principios se aplican a conciencia (cosa que a menudo no ocurre), siguen permitiendo niveles significativos de masacres de civiles, que el Pentágono ha calificado con remilgo (y para su conveniencia) de “daños colaterales”, como si se tratara de una triste deriva de la prosecución de la guerra. Y eso que las muertes de civiles en las guerras modernas constituyen normalmente el aspecto central de esas guerras, tanto estadísticamente como desde otros puntos de vista. Lejos de estar universalmente proscrita, la matanza de numerosos civiles en una zona de combate se considera a menudo absolutamente legal al amparo de aquellos textos. Según la expresión lapidaria del profesor David Kennedy, de la facultad de Derecho de Harvard, “que quede claro: este nuevo vocabulario contundente convierte arados en espadas al mismo ritmo que a la inversa”.
La debilidad relativa de las leyes de la guerra a la hora de prevenir atrocidades no es simplemente fruto de una reciente degradación perpetrada por neoconservadores asilvestrados. La posición privilegiada del combatiente (habitualmente masculino) representa el meollo histórico de dichas leyes. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, la calificación de partes significativas de la campiña survietnamita de “zonas de fuego a discreción” y el bombardeo sistemático de las zonas rurales por los B-52 cargados con toneladas de explosivos también se llevaron a cabo al amparo de las leyes de la guerra.
El Derecho humanitario internacional ha cambiado sin duda en varios aspectos. Hace un siglo, el discurso en torno a las leyes de la guerra era mucho más cándido que hoy. Los juristas de entonces solían calificar a los “combatientes no uniformados no privilegiados” de “salvajes” y el consenso de las principales publicaciones académicas en materia de Derecho internacional era que un ejército moderno podía hacer lo que quisiera con esa gente fuera de la ley (en particular, por supuesto, en lo que por entonces todavía era el mundo colonial). En su conjunto, la historia del Derecho humanitario internacional no es más que un largo proceso de codificación de los privilegios de los poderosos frente a amenazas menores como civiles y sectores de la población colonial que se resistía a la invasión.
Aunque las leyes de la guerra han sido habitualmente un arma más en manos de los fuertes contra los débiles, gran parte de su estilo legalista se ha infiltrado en el discurso antiguerra. Uno de los principales argumentos de muchos que estaban en contra de la invasión de Irak era el de que se trataba de una acción ilegal, cosa que no deja de ser cierta, pero ¿fue la denegación del visto bueno de las Naciones Unidas el verdadero problema de ese calamitoso acto de violencia? ¿Lo habría legitimado realmente la autorización de las Naciones Unidas? También cunde la creencia de que la guerra puede domesticarse bajo un concepto relativamente nuevo, el de la “intervención humanitaria”, que pretende aplicar la violencia militar en dosis precisas y terapéuticas, siempre cumpliendo estrictamente las reglas del Derecho humanitario internacional.
Este es el punto en el que las revelaciones de WikiLeaks resultan tan reveladoras. Nos recuerdan, una vez más, que el sueño humanitario de la “guerra limpia” –violencia militar regulada por leyes que protegen a los civiles– no suele ser otra cosa que una broma pesada. Hemos de librarnos de la falsa comodidad de pensar que la ley siempre está del lado de los civiles. Hemos de desechar nuestra tendencia a suponer que el Derecho internacional es intrínsecamente virtuoso y que todo lo que vapulea nuestra conciencia –este vídeo del helicóptero o la extendida práctica de la tortura ante las narices de los soldados de EE UU– representa una violación de este sistema y no su consecuencia lógica y predecible. Que quede claro: la muerte de los civiles que caminaban por las calles de Bagdad aquel día de 2007 no se debió a un “crimen de guerra”, sino a la guerra. Y lo mismo cabe decir de tantos otros miles de civiles afganos e iraquíes asesinados en bombardeos, incursiones nocturnas, ataques y soldados que se ponen nerviosos en controles de carretera.
Cautiverio legal
¿A fin de cuentas, quién escribe las leyes de la guerra? Del mismo modo que las normas que rigen la industria farmacéutica o aeronáutica son a menudo obra de las grandes empresas con sus grupos de presión, las leyes de la guerra también son víctimas del “cautiverio legal” por parte de los grandes poderes que supuestamente están sometidos a ellas. No olvidemos, por ejemplo, que el Pentágono emplea a 10.000 abogados y que su socio menor en la formulación de la política exterior, el Departamento de Estado, cuenta con varios centenares más. ¿Nos sorprendería que los abogados de la casa encontraran vías legales para impedir que dichas leyes se interpusieran en las ambiciones globales de una superpotencia?
Es justo que las últimas palabras sobre las leyes de la guerra sean las del soldado Bradley Manning, quien actualmente está encarcelado en Fort Leavenworth, Kansas, a la espera del juicio militar, acusado de haber filtrado montones de documentos clasificados a WikiLeaks, un material que muestra la desnuda verdad sobre la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y Guantánamo. Están tomadas de las conversaciones que mantuvo a través del chat de mensajería instantánea, bajo el seudónimo “bradass87”, con el informante que le delató. El joven soldado veía claramente lo que tantos profesores y generales se esfuerzan en negar: que la función primordial de las leyes de la guerra no es la de limitar la violencia, sino la de justificarla, a menudo con la mayor ingenuidad jurídica:
(02:27:47 PM) bradass87: “creo que somos mejores en algunos aspectos… somos mucho más sutiles… utilizamos muchas más palabras y técnicas jurídicas para legitimar todo…”
(02:28:19 PM) bradass87: “pero que algo sea más sutil no hace que sea correcto.”
15/4/2012
* Tomado de VIENTO SUR -traductor- fuente: http://www.tomdispatch.com/post/175529/tomgram%3A_chase_madar%2C_legal_atrocities/#more
24/04/2012 . Chase Madar (TomDispatch)
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