Regeneración, 27 de enero 2016.- El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social afirmó que en el estado de Puebla disentir se ha vuelto un delito del fuero común.
Después del reciente informe de actividades de Rafael Moreno Valle, el Comité reprobó que el gobernador sólo hablara de las obras, dejando de lado los temas relacionados con la violación de los derechos humanos y los presos políticos.
Destaca que el gobierno morenovallista cuenta con recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de Chalchihuapan en el cual el niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo murió después de ser alcanzado por una bala de goma proveniente del grupo de policías del gobierno de Puebla, mismo que ha sido equiparado por las violaciones a las garantías individuales con el caso de Tlatlaya o Ayotzinapa.
“Defender el derecho a un medio ambiente sano, a ejercitar libremente un trabajo digno, preservar el patrimonio cultural que otorga identidad en las comunidades, exigir el buen actuar de los servidores, manifestarse pacíficamente… ¡Vaya! simplemente disentir, en este Estado, todo ello es considerado delito del fuero común”, aseguró la agrupación.
Afirmaron que a lo largo de este sexenio, 242 opositores han pasado por algún proceso jurídico, 17 personas continúan en prisión por disentir de las autoridades.
“La postura del gobierno ha sido desestimar cada uno de los casos señalándolos como delincuentes”, puntualizaron.
Con información de la Jornada Oriente y Central.