Por Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 10 de noviembre de 2014.-En un juego de máscaras y deslindes, tanto la Procuraduría General de la República como la dirigencia nacional del PRD, encabezada por la corriente Nueva Izquierda, han intentado evadir su responsabilidad por los delitos y excesos cometidos por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, a pesar de que fueron ampliamente informados y advertidos con anterioridad a la tragedia ocurrida el 26 y 27 de septiembre pasados.
Abarca fue recluido en el Cefereso no.1 del Altiplano en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado en contra de tres ex militantes perredistas Arturo Hernández Cardona, Angel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, así como por la desaparición de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna y otros.
Mucho antes de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala e, incluso, antes que René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional declarara ante el ministerio público federal en contra de Abarca, la PGR fue informada por la subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales del estado de Guerrero sobre los expedientes que vinculaban abiertamente a la llamada “pareja imperial” de Iguala con estos delitos.
El primer expediente fue enviado el 12 de junio de 2013 por el entonces subprocurador Iñaki Blanco Cabrera solicitándole a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la SEIDO que girara instrucciones “a efecto de que informe si en la procuraduría existen actas especiales, actas circunstanciadas o averiguación previa donde Arturo Hernádez Cardona tenga la calidad de agraviado”.
Así consta en el oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/1695/2013, cuya copia obtuvo Proceso. La propia fiscalía regional de la zona norte de la procuraduría estatal de Guerrero envió cuatro tomos a la PGR relacionados con la denuncia de desaparición de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román.
Hernánez Cardona fue fundador del PRD, líder social de Guerrero, vinculado a la corriente Izquierda Democrática Nacional y que se enfrentó públicamente a Abarca por su apoyo al crimen organizado. Apareció muerto el 30 de mayo de 2013, días después de ser ssecuestrado
El segundo envío de documentos a la PGR ocurrió nueve meses después, el 18 de marzo de 2014, cuando ya los presuntos desaparecidos habían sido asesinados.
En el oficio PGJE/DGCAP/1190/2014, cuya copia obtuvo Proceso, se le remite al titular de la SEIDO copias certificadas de las actuaciones y la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa, “instruida por el delito de homicidio cometido en agravio de las personas que respondían a los nombres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román y en contra de quien resulte responsable, toda vez que de la misma se desprende la participación al parecer de miembros de la delincuencia organizada denominados ‘Guerreros Unidos’”.
“Vas a Correr la Misma Suerte que Cardona”: Abarca
En esa misma averiguación previa que tuvo en su poder la PGR desde el 18 de marzo de 2014, se incluyó la declaración ministerial del interno Ernesto Pineda Vega, detenido en abril del 2013 por haber denunciado la existencia de un narco laboratorio en Iguala y haber declarado a distintos medios de comunicación que el grupo Guerreros Unidos contaba con la protección del jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, actualmente prófugo, y del alcalde José Luis Abarca Velázquez.
En su declaración ministerial Pineda Vega acusó a Mario Casarrubias y a su hermano Rafael Casarrubias, alias El Mochomo, de ser “el brazo armado del presidente municipal y del director de seguridad pública” de Iguala, y que “también forman parte de la organización Guerreros Unidos”.
Pineda Vega presentó la denuncia del narcolaboratorio ante el 27 y 40 batallón militar y después ante la Marina. Ante ellos informó que “en la colonia San Miguel se estaban enfermando mucho los niños a causa de que había un olor muy fuerte en la zona que es controlada, al parecer, por Guerreros Unidos” y que abarcan los pueblos de Cocula, Tepecuacuilco y todo el municipio de Iguala hasta Balsas. Justamente, la misma zona donde presume la PGR que fueron arrojados los cuerpos calcinados de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Pineda Vega relató en su declaración que al solicitarle el apoyo al presidente municipal José Luis Abarca para personas de bajos recursos, el alcalde perredista le advirtió: “a ver hijo de la chingada ya me tienen hasta la madre. O te separas de (Arturo) Cardona o vas a correr la misma suerte”. Esa amenaza fue ocho días antes de que levantaran a Cardona y lo asesinaran por órdenes de Abarca.
“También yo sé que había mandado a asesinar al síndico municipal Justino Carbajal, quien es familiar de Félix Salgado Macedonio y a Rafael Ochoa quien era el líder de la colonia que se encuentra a la salida a Taxco”, firmó Pineda Vega.
El mismo declarante relató que José Luis Abarca mandó a “levantar” a los dueños y a veinte trabajadores de una gasolinera, a la salida de Teloloapan, porque “ya no tuvieron dinero para pagar su rescate”.
La forma de operar que denunció Pineda Vega es la misma que meses después, ante la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acreditó el procurador general Jesús Murillo Karam: “la policía municipal levanta a las víctimas y ellos entregan a los Guerreros Unidos y después estos se encargan de negociar y pagar su rescate”.
Sobre la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, el declarante advirtió que ella era dueña de una farmacia Guadalajara y de la tienda Galerías, y “es tan poderosa porque es comadre de un narcotraficante que acaban de detener y no recuerdo nombre ni apellidos, pero fue detenido en el Estado de México”.
Pineda Vega acusó en la misma declaración al jefe de la policía municipal Felipe Flores Velázquez de haber encargado a Crisóforo Tinoco Baena para que lo matara a él, a toda su familia y “a quienes les estorbo para seguir con su organización, dela cual forma parte Adolfo Salgado Salgado”.
La existencia de narcofosas en las inmediaciones de Iguala fue también informada y documentada a la PGR desde mayo de 2014. En el oficio número 4261 de la agente ministerial Salomé García Ruiz se informó del hallazgo de “fosas clandestinas en las inmediaciones del lugar conocido como ‘Cerro Gordo’, donde existió un campamento y tuvieron a diversas víctimas privadas de su libertad, a las cuales investigaba si se encontraban o no relacionadas con la organización delictiva La Familia Michoacana”.