Política protectora a 32 mil núcleos agrarios con 103 millones de hectáreas y defender derechos, proteger naturaleza y promover el desarrollo del campo
Regeneración, 20 de noviembre del 2019. Política para mejorar las condiciones de vida de la población rural, son algunos de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Agraria del Gobierno de México que se presentará en las próximas semanas.
Los organismos del sector agrario, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), conjuntan esfuerzos en defensa del territorio y salvaguarda de la propiedad social.
Misma que está constituida por más de 32 mil núcleos agrarios, en 103 millones de hectáreas del territorio nacional.
Yucatán
La acción directa del Estado Mexicano en el Programa Emergente de Restitución, Resarcimiento y Reordenamiento de los Núcleos Agrarios de la Península de Yucatán.
Esta la opera la Procuraduría Agraria (PA), en coordinación con el Registro Agrario Nacional (RAN), tiene por objetivo detener la especulación, venta ilegal o despojo de tierras en núcleos ejidales y comunales del país.
Como parte de la PNA que pone en el centro a los más pobres y humildes del país.
El RAN ha entregado -de diciembre de 2018 a octubre de 2019- cerca de 145 mil documentos agrarios.
De los cuales 85 mil 998 son Certificados Parcelarios.
Además de 25 mil 988 Certificados de Uso Común y 35 mil 505 Títulos de Propiedad.
Se trata de acciones de certeza jurídica y control documental sobre la tenencia de la tierra.
Mismas que acreditan la legitima titularidad de propiedad social.
Que han beneficiado directamente a 95 mil 770 ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados.
Mismos que viven en los 32 mil 154 núcleos agrarios del país.
En tanto, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), contribuye de manera efectiva en la política de defensa del territorio.
Facilitando gratuitamente a los núcleos agrarios la asesoría en los procesos de reversión de aquellos terrenos que hayan sido expropiados, por causa de utilidad pública, pero que no cumplieron con la indemnización correspondiente.
O que dicha propiedad se usó para un fin distinto.