En entrevista para televisión pública con Jenaro Villamil, Alejandro Encinas informó sobre los avances, logros, trabas y la metodología de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Regeneración, 20 de julio de 2020. “Cada vez tenemos evidencias más sólidas de que la situación no fue como la relataron. Que lamentablemente no han sido castigados muchos de los responsables materiales y tampoco responsables ahora de haber fabricado una ‘verdad histórica’ que no se corresponde con los hechos”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El funcionario explicó que desde que inició el sexenio, prácticamente se ha indagado desde cero para dar con lo que realmente sucedió, en conjunto con la Fiscalía General de la República, ahora autónoma, así como las dependencias implicadas para tener pruebas e información exacta para dar respuesta a las preguntas ¿Dónde están los muchachos? y ¿Quiénes son los responsables.
Entre las acciones que han tomado es recurrir minuciosamente a las investigaciones originales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, que en un momento dado no se les prestó la atención adecuada, precisamente porque se centralizaron las funciones para la construcción de la “verdad histórica”.
En esta tarea de hacer una labor, pesquisa por pesquisa, se acordó con la fiscalía tener un grupo de judicialización para evitar que actos de corrupción y burocracia entorpezcan la investigación; como tal, evitar que si se tiene algún sospechoso, vigilar que no salga libre con métodos de evasiones de responsabilidad, o actos ilícitos, como sobornos, etc.
Probablemente lo más sustancioso hasta el momento y que ya permitió la identificación de uno de los estudiantes, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, fue la orden por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero de ejercer 46 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
Sin embargo, explica que las resistencias de esclarecimientos de los hechos aún son protagonizadas por jueces y autoridades medias que ‘echan para atrás’ los procesos, como el caso del juez tamaulipeco Samuel Ventura Ramos, quien se declaró “incompetente para conocer el caso”, a la vez que ha declarado 14 sentencias relacionadas con la versión de la “verdad histórica” y que liberó en el pasado a casi 50 personas involucradas con lo ocurrido.
Participan en la comisión de esclarecimiento de los hechos, familiares de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Internacional de Expertos Independientes.