Magisterio, Trabajadores de Salud; 10 municipios; minorías en Legislativo; Transparencia, un gobernador, Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos
Regeneración, 14 de febrero del 2017. “La aprobación de la ley ha traído un número histórico de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo promovidos en su contra por decenas de actores”, destacó el Colectivo #SeguridadSinGuerra; entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores; el Gobierno del Estado de Chihuahua; varias Comisiones estatales de Derechos Humanos; y los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; San Pedro Cholula, Puebla; Tepeyahualco, Puebla; e Hidalgo del Parral, Chihuahua.
En información difundida por el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, emitido por el Centro Pro subrayan que dicho Colectivo “pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, “que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional”.
Las organizaciones e intelectuales insistieron en que la Ley, aprobada en diciembre pasado, contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte.
Ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que un ministro desechó la controversia constitucional que presentó contra la Ley de Seguridad Interior. Por su parte, el juez quinto de Distrito, Leonel Medina Rubio, admitió la demanda de amparo que interpusieron los trabajadores de la educación y de salud contra la ley, confirmó la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 22 del SNTE-CNTE.