Específicamente, remitirán los casos de tortura y violencia sexual por parte de policías contra 11 mujeres de Atenco en 2006, para que la CIDH determine medidas para la reparación del daño.
Regeneración, 18 de septiembre 2016.-El caso de tortura y violencia sexual contra al menos 11 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, cometido en 2006 por parte de policías estatales, será llevado a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que solicitó remitir el caso ante la Corte a fin de que determine las medidas idóneas de reparación del daño.
“[Se remitió el caso] ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso. Que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”, explicó la Segob.
La dependencia federal detalló que el caso fue turnado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y la entrega de viviendas”, expuso.
Asimismo, refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que determina graves violaciones a las garantías individuales de las víctimas por el uso excesivo y brutal de la fuerza pública en Atenco.
Con independencia del proceso de la Corte Interamericana, dijo la Segob, el Estado mexicano continuará el diálogo con las víctimas para garantizar la reparación del daño, como fue establecido por la CIDH.
La madrugada del 4 de mayo de 2006, tras dos días de tensión en San Salvador Atenco por un enfrentamiento derivado de una reubicación de vendedores, más de mil policías federales y del Gobierno del Estado de México rompieron un bloqueo de manifestantes sobre la carretera de Texcoco a Atenco, e incursionaron en la cabecera municipal de éste último, allanando viviendas, golpeando, arrestando masivamente a cientos de habitantes, matando a dos jóvenes y violando mujeres.
El caso “Mariana Selvas Gómez y otras” contra el Gobierno mexicano fue admitido en 2011 por la CIDH, que emitió en 2013 una serie de recomendaciones para sancionar y reparar el daño causado a las víctimas.
Por estos hechos 30 personas fueron detenidas y procesadas, sin embargo, no se establecieron responsabilidades contra los mandos policiales a cargo del operativo.
A más de una década de este hecho, no sólo la violación masiva de derechos humanos se encuentra impune, sino cuando el despojo de tierras que dio origen al movimiento de campesinos reprimidos es ya visible en el terreno aledaño al previsto para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Información de Sin Embargo.