En solo un año 40 casos de tortura documentados por Centro de Derechos ‘Fray Bartolomé de Las Casas’; ‘Ninguna circunstancia justifica la tortura’ señalan
Regeneración, 25 de junio del 2018. En un comunicado conjunto organizaciones defensoras de los derechos humanos en México suscribieron el informe emitido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en Chiapas, en el cual se da cuenta de que en un año han podido documentar 30 casos de tortura en Chiapas y 10 en Tabasco. Por lo anterior los organismos defensores de derechos emitieron un comunicado conjunto que denominaron “Ninguna circunstancia justifica la tortura”.
En su pronunciamiento los defensores de derechos señalan que “de junio de 2017 a junio de 2018, según documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en Chiapas se han registrado 30 eventos de tortura en los municipios de Chiapa de Corzo, Chanal, Chenalhó, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Motozintla Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez y Reforma”.
Es importante mencionar que durante el mismo periodo el Frayba documentó 10 hechos de tortura en el estado de Tabasco, en los municipios Centro (Villahermosa) y Huimanguillo, indicaron.
“De los 40 eventos registrados en ambos estados: en 39 las víctimas son hombres y una mujer; 30 sobrevivientes son mestizos; 5 de ellos migrantes de Centroamérica y 10 pertenecen a un pueblo originario (tseltal, tostsil y tojolabal). Según la documentación 7 de los sobrevivientes sufrieron tortura sexual”, se precisa en el documento dado a conocer en redes sociales.
“La práctica de la tortura es generalizada y sistémica en México; a pesar de la aplicación del sistema penal acusatorio, de contar con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (Ley General) y la creación de Fiscalías Especiales para la Investigación del Delito de Tortura” afirmaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Organización Mundial Contra la Tortura así como la red Todos los Derechos para Todos.
Analizaron que “esta violación a derechos humanos se sigue cometiendo de manera cotidiana en nuestro país, ya que se encuentra totalmente arraigada entre los diferentes cuerpos policiales, así como en los funcionarios encargados de la procuración de justicia, quienes la ocultan en vez de investigar eficazmente”.
La Ley General establece que las fiscalías deben contar con agentes del Ministerio Público, policías, personal de servicios periciales y técnicos capacitados y especializados para la investigación de la tortura; así como contar con los recursos humanos, financieros y técnicos que las fiscalías requieran para una operación efectiva en la materia; precisa el documento también firmado por la organización Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura – Francia (ACAT – Francia)
“A un año de la vigencia de la Ley General, hemos constatado que la tortura continúa siendo un método privilegiado de investigación policial, y que las corporaciones policiales tienen un conocimiento deficiente del sistema penal acusatorio y un desconocimiento generalizado de la Ley General; también hemos documentado que las autoridades no tienen capacidad institucional y técnica para investigar la tortura, preservar evidencias y cuidar la cadena de custodia de pruebas”, indicaron.
Agregaron que “vemos con preocupación que las fiscalías especializadas no cuentan con personal capacitado para la atención integral, tomando en cuenta la perspectiva cultural para personas pertenecientes a un pueblo originario, por su género u orientación sexual”.
Ante los datos registrados, vemos con alta preocupación la acción arbitraria de los policías municipales, quienes sin ningún tipo de control realizan actos de detención basados en apariencia, “sospecha” y limpieza social, muchas de estas detenciones derivan en tortura y/o tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y en otras violaciones a derechos humanos; dijeron.
“El momento de la detención y el traslado de las personas continúan siendo los espacios privilegiados para la aplicación de algún método de tortura”, aseguraron.
Además para los organismos defensores de derechos “los Centros de detención como las estaciones migratorias, cárceles, centros de alta seguridad, centros administrativos de detención, separos municipales, centros de menores infractores, hospitales psiquiátricos y otros centros de detención continúan siendo espacios en donde se fomenta y justifica la tortura en nuestro país”.
Denunciaron que “en estos espacios la tortura es tolerada por el Estado mexicano y no existe ningún respeto ni garantías de protección de los derechos humanos de las personas que están bajo su custodia”.
“Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por la perpetuación de esta práctica a pesar de la obligación del Estado mexicano de erradicar la tortura, sancionar ejemplarmente a los perpetradores y reparar el daño a las víctimas, como lo señala la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y los estándares internacionales en la materia”, dijeron.
Precisaron que en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, reafirmamos nuestro compromiso y prioridad en acompañar a las y los sobrevivientes de tortura, sus familias y colectivos a los que pertenecen.
Así mismo manifestaron “que bajo ninguna circunstancia se justifica la tortura, ya que significa un ataque a la dignidad, a lo más profundo de las personas, independientemente de su edad, condición social, cultura, religión, sexo y/o identidad sexual”.
Condenaron que instituciones como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de sus servicios periciales no cuenten con el personal suficiente y capacitado para aplicar el Protocolo de Estambul y atender de manera inmediata e integral a las víctimas de tortura.
Finalmente indicaron que “con esta actitud obstaculizan y dilatan la impartición de justicia y transgreden los derechos humanos de las víctimas de tortura, enviando así un mensaje de impunidad”.