Campesinos y activistas se movilizaron en Panamá contra el nuevo embalse del Canal en río Indio que obligará a reasentar comunidades
Regeneración, 3 de agosto de 2026.– Unas trescientas personas marcharon pacíficamente este lunes por las calles de la capital panameña.
La protesta reunió a pobladores rurales y activistas ambientales para rechazar la construcción de un embalse.
La obra de infraestructura es promovida directamente por la Autoridad del Canal de Panamá.
El proyecto hidroeléctrico prevé anegar una vasta superficie estimada en cuatro mil seiscientas hectáreas.
Por su parte, los manifestantes marcharon decididamente hasta llegar a la sede principal de la Corte Suprema.
Durante el trayecto, las comunidades rurales expresaron su rotundo rechazo al plan de reasentamiento forzado.
La dirigente comunitaria Maricel Sánchez fijó una postura firme al declarar ante los medios: “No nos sacarán ni vivos ni muertos”.
La protesta visibilizó la profunda preocupación de las familias que habitan en las riberas afectadas.
Impacto social y cronograma de reubicaciones
El controvertido megaproyecto requerirá un presupuesto estimado en mil seiscientos millones de dólares para su ejecución.
La administración del canal planea arrancar formalmente las obras preliminares durante el transcurso del año 2028.
Sin embargo, las fases iniciales de movilización social comenzarán a mediados del año 2027.
Los primeros desalojos poblacionales se realizarán en la comunidad caribeña de El Limón de Chagres.
Sumado a lo anterior, la construcción inundará históricas tierras agrícolas y cerrará panteones comunales de la zona.
La lideresa campesina Maricel Sánchez denunció abiertamente las acciones institucionales del gobierno federal.
Sánchez afirmó con contundencia frente a los tribunales: “El Estado panameño no para protegernos, sino para arrebatarnos la tierra, el agua y la vida”.
Al menos dos mil personas deberán ser reubicadas para permitir los trabajos técnicos.
Recursos legales e importancia comercial del canal
Frente a la inminente afectación, la defensa legal de los pobladores activó mecanismos de impugnación constitucional.
Los abogados comunitarios acudieron ante las autoridades judiciales para frenar las autorizaciones de exhumación.
Respecto al recurso interpuesto en la Corte Suprema, el abogado Tristán Santander confirmó:
“Presentaron un recurso de nulidad a la orden del gobierno que autoriza el traslado de los cuerpos”.
La disputa judicial busca proteger los derechos territoriales de las familias campesinas.
De manera paralela, la Autoridad del Canal justificó la urgencia de construir el nuevo embalse.
La obra garantizará el suministro hídrico vital para una vía donde transita el cinco por ciento del comercio mundial.
La reserva enviará caudales hacia el lago Gatún a través de un túnel de nueve kilómetros.
A pesar de los beneficios logísticos, la oposición social promete intensificar sus protestas en los próximos meses.
