A lo largo de la jornada electoral de este 7 de junio se presentaron 27 agresiones contra comunicadores en todo el país. En cuatro casos los responsables del ataque a la libertad de información fueron militantes o funcionarios de partidos políticos
Regeneración, 8 de junio de 2015. Durante el desarrollo de la jornada electoral se documentó que en cuatro casos (dos en Jalisco, uno en Guanajuato y otro en Guerrero) los responsables son personal o militantes de partidos políticos; ataques directos a la democracia al no permitir el libre flujo de información y la labor periodística, de acuerdo con un recuento de la organización Article 19.
A través de la Red #RompeElMiedo, integrada por medios de comunicación y colectivos de defensores de derechos humanos, ARTICLE 19 documentó las siguientes agresiones: 10 agresiones físicas. 5 bloqueos informativos (se entiende por bloqueo informativo a todo acto de obstrucción de búsqueda o obtención de información). 4 robos de equipo. 3 ataques cibernéticos. 3 falsificaciones a perfiles de redes sociales de medios. 1 detención arbitraria.
Las agresiones contra periodistas y comunicadores –aún más durante elecciones– constituyen violaciones a derechos humanos, en particular a las libertades de expresión e información. El ejercicio de estos derechos resulta vital en todo proceso electoral, por lo que su afectación no sólo agravia a los periodistas, sino también a la sociedad al privarla de recibir información y generar sus criterios u opiniones, frente a las distintas alternativas electorales, lo cual abona al desarrollo de una democracia sólida.
Durante la primera quincena de mayo, en contexto electoral, se registraron 34 agresiones contra comunicadores; de estas, ocho se relacionan directamente con la cobertura de actos de campaña o hechos relacionados con las elecciones. La frecuencia de agresiones contra la prensa va en aumento, previo al monitoreo de esta jornada, se agredía a un periodista cada 10.6 horas.
La organización ARTICLE 19 urgió “a las autoridades competentes que investiguen de forma diligente, exhaustiva, imparcial y objetiva los hechos ocurridos a estos periodistas, determine las responsabilidades legales correspondientes y, en su momento, se sancione efectivamente a los servidores públicos involucrados”.
(con información de Artículo 19)