El Centro Prodh y Amnistía exigen a la PGR indemnizar a tres mujeres otomíes encarceladas injustamente
Regeneración.- A través de una campaña pública, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI) exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a cumplir con las sentencias que le ordenan ofrecer una disculpa pública e indemnizar por daño material y moral a las otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.
El 20 de noviembre del 2013 y el 28 de mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) pidió a la PGR, presidida por Jesús Murillo Karam, indemnizar a las mujeres por daño material relacionado al tiempo que dejaron de trabajar y moral, por haberlas exhibido por un delito que no cometieron. Sin embargo, la PGR evadió las sentencias favorables de Teresa y Alberta con el argumento de que “se tendría que indemnizar a todas las personas que sean absueltas en un proceso penal”.
Si hace lo mismo con la sentencia de Jacinta, “supondría un nuevo acto revictimizante”, sentenciaron las organizaciones en un comunicado conjunto. “Los esfuerzos de la PGR para evadir responsabilidad y de indemnizar a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, no solo retrasan la justicia, sino también parecen tener el fin de evitar que la PGR esté obligado a cumplir cabalmente con la protección de los derechos humanos y la justicia en otros casos”, denunciaron las organizaciones.
La campaña busca que el Procurador Murillo Karam se desista de los recursos interpuestos en contra de las sentencias favorables a Alberta y Teresa, y ordene el cumplimiento cabal de la sentencia, sentando así, un precedente claro de que el sistema de procuración de justicia no puede ser cómplice o participe de graves violaciones de derechos humanos. Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas en Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 3 de agosto de 2006 y sentenciadas a 21 años de prisión por secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Tres años después fueron puestas en libertad. El 16 de septiembre de 2009, Jacinta Francisco fue liberada debido a que la PGR no pudo sostener las pruebas que dijo poseer en su contra además de las irregularidades en su proceso derivadas de su condición indígena como el no contar con un traductor cuando fue aprehendida. Jacinta esperó tres años en prisión a que los agentes, que supuestamente secuestró, se presentaran a ratificar su denuncia. Nunca lo hicieron.
Con los años se supo que uno de los agentes fue asesinado en Oaxaca en un enfrentamiento de la Policía Federal, mientras que de los otros cinco ya no se supo nada. La campaña del Centro Prodh y AI busca animar a las personas a firmar una carta dirigida a la PGR para que deje de postergar el cumplimiento de las mencionadas sentencias.
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